El Órgano Judicial informó de que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), notificó a la oficina de Interpol en El Salvador para que esta “realice los trámites correspondientes (emita la difusión) a los 190 países miembros”.

En la petición, la corte también solicita la detención de otros seis involucrados en el caso, indicó la fuente. El expresidente es requerido para que enfrente los delitos de cohecho activo, cohecho propio, omisión de la Investigación y falsedad documental agravada.

Funes, quien enfrenta esta diligencia como procesado ausente y que no ha enviado representación legal ante el juzgado, forma parte de un grupo de 10 procesados implicados en una trama de sobornos al interior de la Fiscalía, desmantelada mediante la llamada “Operación Corruptela”.

El exmandatario, asilado en Nicaragua junto a su familia, es acusado de pagar unos 935.000 dólares al ex fiscal general Martínez (2012-2015) para evitar la investigación por el armisticio de las pandillas, por la construcción irregular de una represa y otros casos.

Funes atribuyó al armisticio entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.

Este proceso contra Funes se suma a otros en los que está implicado por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares; por una millonaria malversación de los fondos asignados a infraestructuras y por la revelación de documento secreto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.