La crisis comenzó el 5 de julio de este año, cuando centenares de miembros del grupo étnico ugandés bakonzo atacaron la sede de la Policía y el Ejército en la zona con pistolas, machetes, arcos y flechas.

La respuesta de las fuerzas de seguridad a estos ataques contra los civiles bakonzo fue “brutal”, según denuncia la organización, y numerosas personas fueron víctimas de torturas e incineradas en fosas comunes.

“En el este de Uganda tuvieron lugar horripilantes actos de violencia hace cuatro meses, y los miembros de todos los grupos étnicos afectados merecen que se haga justicia”, declaró en un comunicado Maria Burnett, investigadora para África de HRW.

Tras los ataques de los bakonzo, otros grupos étnicos del este del país “atacaron, golpearon, torturaron, mutilaron y asesinaron” a civiles bakonzo, “con pleno conocimiento de las fuerzas de seguridad”, puntualizó HRW.

Según afirmó esta organización, el número de víctimas totales en los ataques tribales y la respuesta policial no ha sido aclarado por el Gobierno, pero podría superar las cien personas.

Los tribunales militares ugandeses presentaron cargos contra más de 170 sospechosos bakonzo, pero uno de sus abogados señaló a HRW que entre los procesados ante la corte militar hay civiles, y algunos los cargos “no son creíbles”.

Según denunció HRW, ningún miembro de otros grupos étnicos está siendo procesado por las represalias cometidas contra los civiles bakonzo, por lo que exigió al Gobierno ugandés que investigue “de manera creíble” estos crímenes.