El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, citado por la agencia estatal ABI, anunció que en los próximos “días o semanas” viajarán a Panamá dos representantes del Ministerio Público para solicitar datos sobre la posible implicación de ciudadanos bolivianos.
“Hemos pedido un informe especial del caso boliviano en Panamá”, indicó Guerrero.
El Gobierno de Bolivia solicitó oficialmente el pasado 5 de abril al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) información sobre ciudadanos de este país que aparecieran en las filtraciones, pero por el momento no ha obtenido respuesta.
La ministra boliviana de Transparencia, Lenny Valdivia, dijo entonces que el Ejecutivo quiere determinar “si estos hechos han conllevado la vulneración” de las leyes del país andino.
La información preliminar revelada por la ICIJ señala que 95 firmas, 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas corresponden a Bolivia, según medios locales.
Los papeles de Panamá constituyen hasta el momento la mayor filtración periodística en la historia con once millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca sobre la colaboración para la gestión de capitales en paraísos fiscales.