LA PAZ. Morales busca ahora un cuarto mandato para el período 2020-2025 y para eso su partido ha pedido al Tribunal Constitucional que declare inaplicables varios artículos de la Constitución y anule otros de la Ley Electoral que impiden la nueva candidatura del mandatario.

En febrero del 2016 el 51,3% de los votantes bolivianos rechazó en un referendo la propuesta de Morales de reformar la Constitución para poner fin a los límites vigentes a la cantidad de veces que puede postular al cargo. Pero el mes pasado, el partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), pidió a la máxima corte del país que rescindiera los límites legales que impiden que las autoridades electas busquen la reelección de manera indefinida, argumentando que éstos violan los derechos humanos.

Llevando letreros que decían "Bolivia dijo 'no'!" y agitando la bandera del país, manifestantes dijeron que Morales quiere aferrarse el poder de manera similar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un aliado izquierdista considerado como dictador por la oposición. "Esta es una dictadura política (...) no somos venezolanos, somos bolivianos", dijo un líder campesino en la plaza San Francisco de La Paz, donde miles de personas se reunieron al mismo tiempo que era televisado un partido entre Bolivia y Uruguay para la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

El Gobierno de Morales descartó las protestas como manifestaciones políticas disfrazadas como un movimiento de base, y dijo que la oposición de derecha quiere asegurarse de que Morales no pueda postularse al cargo en el 2019.

"Cualquier reforma constitucional necesaria puede ser implementada cuando la voluntad del pueblo está en juego", dijo el ministro de Justicia Héctor Arce.

También se produjeron protestas en la ciudad más grande de Bolivia, Santa Cruz, y en las capitales regionales de todo el país.

El oficialismo ha pedido al Tribunal pronunciarse sobre los derechos humanos y políticos del Morales para ser reelegido y del derecho del pueblo a volver a votar por él, al margen de lo que señala la Carta Magna que permite solo dos periodos consecutivos.

Al contrario del Gobierno, los legisladores opositores destacaron que hubo “una masiva participación ciudadana” para exigir respeto al voto expresado en el referendo constitucional de 2016.