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“Nosotros no tenemos una cuenta, como dicen, de 58 muertos; nosotros tenemos una cuenta que habla de 63 personas que murieron, una de ellas un efectivo de la Guardia Nacional y otra un visitante de pastor evangélico”, declaró el director del OVP, Humberto Prado, en una conferencia de prensa.
“Es primera vez que se presenta una situación como esa, donde hay presuntamente una requisa (...) y simplemente resulta un solo guardia nacional muerto y 62 civiles muertos”, agregó Prado, quien mostró un listado que recopilaron con los nombres de los fallecidos.
El Centro Penitenciario de la región Centro Occidental, conocido como Uribana, fue escenario de un motín que, según la ministra de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, fue causado por “líderes negativos” que expresaron su “resistencia” a una requisa.
Estos, según la versión oficial, dispararon “a mansalva” mientras los reos esperaban en el patio de la prisión por el inicio de la inspección por parte de las autoridades.
Varela informó el domingo de 58 personas muertas y 95 heridas. Prado aseguró que tuvieron conocimiento de que no todos los cadáveres fueron trasladados a la ciudad de Barquisimeto, la capital del estado (Lara), donde está Uribana, e indicó que también se enviaron al tanatorio de San Felipe, en el vecino estado Yaracuy.
La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó el martes lo ocurrido en Uribana y responsabilizó a las autoridades por los hechos.
A ello, replicó ayer el ministro de Exteriores venezolano, Elías Jaua, diciendo que Pillay se apresuró al responsabilizar a las autoridades y dijo que “una vez evaluado el contenido de esa declaración” , el Gobierno de Hugo Chávez “va a entrar en contacto” con la funcionaria de la ONU “para brindarle toda la información”.
El representante de la ONG lamentó hoy que el canciller se haya apresurado “a dar conclusiones sin investigar, sin respetar a las víctimas y sus familiares y sin identificar plenamente a los fallecidos y a los responsables de estos hechos”.
El Observatorio había indicado en ocasiones anteriores que Uribana, sobre la que pesan medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una de las tres cárceles más violentas de Venezuela.