El decreto fue rubricado este jueves por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a raíz de un pedido del Instituto Nacional de la Leche (Inale) para incluir ciertos bienes de “uso exclusivo o primordialmente agropecuario” en la nómina de bienes exonerados del IVA para la producción ganadera.
Originalmente, la lista incluía a las raciones balanceadas, los complementos alimenticios y las fibras combustibles y prensados de soja y cebada, además del maíz y sorgo molido y a los productos de sanidad animal y vegetal.
Con el nuevo decreto, se agregan a este listado las fibras combustibles y los prensados de cítricos, las raicillas de cebada, la burlanda de sorgo y de maíz, la cebada de tercera prelimpieza y “todas aquellas semillas que constituyan complementos alimenticios de uso agropecuario”.
Fuentes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP) especificaron a Efe que el decreto no es una resolución a raíz de una serie de protestas llevadas a cabo este martes por productores ganaderos en más de diez puntos de todo el país, sino que “lleva varias semanas de elaboración” conjunta con el Inale.
Esta semana, los productores ralentizaron el tránsito de las carreteras nacionales para denunciar la crisis que atraviesa el sector, debido al aumento de costos de producción por la suba de las tarifas eléctricas y el mantenimiento de precios de los combustibles a pesar de la caída del precio internacional del crudo.
Además, exigen una solución al atraso de pagos en las exportaciones realizadas a Venezuela en el marco de un acuerdo bilateral con Uruguay.
El sector lechero es el que más ha sido afectado, ya que el precio de venta de esta materia prima cayó drásticamente en el último año y, de acuerdo con los ganaderos, se sitúa actualmente por debajo del precio de producción.
Las mismas fuentes consultadas por Efe indicaron que el MGAP impulsó en el último año otras medidas para apoyar a esta rama de la agropecuaria uruguaya, como el establecimiento de dos fideicomisos: uno “para facilitar la compra de tierras con vías de fortalecer la producción lechera” y otro para “apoyar la competitividad”.