La fiscala Karina Sánchez, delegada nacional de la Unidad de Trata de Personas de la Fiscalía, destacó que en julio empezaron una mesa de trabajo con varias instituciones del Estado para resolver los problemas relacionados a los indígenas.
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Destacó que lo más difícil, penalmente hablando, es identificar a los nativos involucrados en hechos como explotación laboral o sexual. “No sabemos si realmente la persona detenida es la acusada porque no tienen cédulas ni los carnets que les otorga el Indi”, agregó.
Con respecto a la utilización de niños para bloquear arterias principales como medida de protesta, la fiscala señaló que los padres podrían ser imputados por violación al deber del cuidado, pero ni siquiera ellos pueden ser plenamente identificados.
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Sobre las extorsiones por parte de líderes indígenas, reiteró nuevamente que lo que se dificulta es la identificación de los involucrados y la individualización de cada crimen o delito cometido. No obstante, dijo que “hay cuestiones que no dependen del Ministerio Público ni de ellos (Indi)”.
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Finalmente, ante la gran cantidad de niños que son explotados en las calles, dijo que tienen muchas intervenciones y causas abiertas actualmente, no solo en Asunción. “Tratamos de abordar integralmente y procesar a la gente que tiene responsabilidad”, aseveró.