En un inusual silencio, la Cámara de Senadores incluyó la semana pasada el proyecto de ley que busca derogar la ley 6355, promulgada en junio pasado y que pone más trabas para que los ciudadanos puedan acceder a las Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos.
El proyecto fue presentado por los senadores del Partido Patria Querida, quienes meses atrás habían reclamado que la nueva ley en lugar de favorecer el acceso ciudadano a información pública solo aumentaba las dificultades. La senadora del Partido Demócrata Progresista, Desirée Masi, es una de las que apoya el proyecto de derogación de la ley.
Sin embargo, senadores de las bancadas abdista, cartista, llanista, luguista y hasta de Cruzada Nacional firmaron dictámenes por el rechazo del proyecto de derogación. Así lo revelan documentos internos de la Cámara Alta del Congreso.
En la Comisión de Legislación votaron por el rechazo del proyecto de derogación el abdista Enrique Bacchetta, los cartistas Arnaldo Franco y Sergio Godoy; el luguista Hugo Richer y los liberales Víctor Ríos y Abel González.
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En la comisión de Asuntos Constitucionales, los que no tuvieron problemas en demostrar su reticencia a la transparencia fueron “Ancho” Ramírez (PLRA, llanista), Fernando Lugo (Frente Guasu), el cartista Juan Darío Monges y el senador de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas.
Curiosamente, Cubas había sido quien presentó aparentemente a las apuradas el proyecto de ley que originalmente pretendía hacer públicas las Declaraciones Juradas de todos los funcionarios públicos, sin filtro alguno. La falta de análisis en torno a ciertos aspectos, como la necesidad de mantener en reserva los datos delicados como nombres de hijos menores o números de cuentas bancarias, permitió que el proyecto terminara deformado en una ley que todavía oculta más las Declaraciones Juradas.
Ahora que Cubas tiene la posibilidad de revertir lo que hicieron con su proyecto, decide votar por el rechazo de la derogación y a favor del secretismo con información pública.
Con estos dictámenes en contra, el proyecto estuvo a punto de ser rechazado y enviado al archivo. Sin embargo, se consiguió la postergación de su estudio.
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Prometieron derogar
Cuando en julio pasado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió dejar que la Ley N° 6.355 tuviera sanción ficta; desde el Ejecutivo prometieron que trabajarían por el proyecto de derogación de la misma y por una nueva versión que sea realmente a favor de la transparencia.
Han pasado ya casi cinco meses desde eso y todavía no han presentado un nuevo proyecto. De hecho, uno de sus hombres fuertes en el Senado, como Enrique Bacchetta, es de los que pretenden mantener la ley vigente.
Cerca de visita de Gafilat
Como si el ataque al derecho ciudadano a acceder a información pública no fuera suficiente, el intento de seguir escondiendo información que podría ayudar a detectar casos de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero por parte de funcionarios públicos se da poco tiempo antes de la evaluación que realizará Gafilat al país.
GAFI es uno de los varios organismos internacionales que recomiendan la publicidad de las Declaraciones Juradas de bienes de los funcionarios públicos junto al Banco Mundial o a la OCDE, éste último organismo del que nuestro país quiere formar parte.