El Comité de Evaluación conformado por Funcionarios de la Justicia Electoral sigue el proceso de evaluación que apunta a la licitación de 15.000 urnas electrónicas, que se utilizarán en nuestro país para las elecciones internas y de intendentes, en el año 2020.
Según precisó Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) los sobres de la licitación ya se abrieron, pero solo los que tienen la información técnica. Esta evaluación técnica debe culminar y una vez terminada se abrirán los sobres con la oferta económica en un acto público. Esta fecha tiene que ser oficializada más adelante. El proceso licitatorio en general tiene que culminar en el mes de diciembre. “Las ofertas tendrían que estar garantizadas por un plazo de 60 días. Esto es una cuestión de plazos que se incluyen en el pliego de bases y condiciones para que la póliza de mantenimiento de oferta tenga una fecha cierta de validez”, explicó Seitz.
En diciembre debe culminar licitación
La justicia electoral indefectiblemente tendría que adjudicar esta licitación en diciembre para poder cumplir con su calendario de logística electoral, según el director de la DNCP.
El valor estimado por parte del TSJE para comenzar este proceso licitatorio de las urnas electrónicas fue de aproximadamente 23 millones de dólares. El valor de cada oferta solo los oferentes lo conocen hasta este momento.
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Este dinero, recordemos, es por el alquiler de aproximadamente 15.000 máquinas de votación electrónica.
Como esta licitación no es para ser pagada con presupuesto del año 2019, pues recién será adjudicado en diciembre, recién se podrá empezar a ejecutar una vez que esté habilitado el presupuesto 2020.
Se entregará el 20 % de las máquinas
El titular de la DNCP indicó que hay un calendario de entregas y pagos establecido en el contrato, y que se hace una primera entrega de 20 % de la cantidad de las máquinas, que es lo que necesita el TSJE para comenzar las tareas de capacitación. Esta primera entrega será en el mes de febrero.
Al consultársele si no se ha analizado la posibilidad de comprar las máquinas de votación, contestó que la Justicia Electoral hizo un análisis al respecto, y consiguió precios que rondan los G. 70 millones para a compra de equipos, cantidad de la que no se disponía, por lo que optaron por el alquiler.
Además se analizó el riesgo que existe en comprar tecnología que muy pronto queda obsoleta. “Es un análisis de inversión. Cuando venza este alquiler tendremos que analizar nuevamente qué tiene el mercado para ofrecernos en cuanto a innovación de máquinas”, explicó Pablo Seitz.
El conflicto de las urnas
Recordemos que hace pocas semanas se desató un conflicto cuando hubo acusaciones de una supuesta influencia política en la suspensión de la licitación para las urnas electrónicas. Se abrió una investigación en la Dirección de Contrataciones Públicas sobre alas consultas que hizo la Justicia Electoral con respecto al proceso.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, acusó al director de la DNCP Pablo Seitz de actuar conforme a una línea política para suspender el proceso de licitación.
En ese momento, Seitz había prometido que todo el proceso de investigación estaría “descontaminado de la política”, aunque reconoció que podría haber presiones. Aseguró que ningún político ni autoridad le llamó para interferir en esta cuestión.