A través de un escueto comunicado, la Fiscalía informó sobre la apertura de una investigación por los supuestos hechos de asociación criminal, frustración a la persecución penal, tráfico de influencias, lavado de dinero y cohecho pasivo agravado, que ya investigan el Ministerio Público y la Policía Federal de Brasil.
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Tras semanas de críticas se decidió abrir la investigación que “guarda relación con las personas mencionadas en el requerimiento de ese país sobre supuestos hechos ocurridos en territorio paraguayo”; es decir, la Fiscalía General, de Sandra Quiñónez, ni siquiera se anima a mencionar al expresidente Horacio Cartes ni a los empresarios en la mira: Felipe Cogorno, Antonio Joaquim da Mota ni a los otros señalados, como Roque Fabiano Silveira, Édgar Ceferino Aranda Franco y José Fermín Valdez -de Fe Cambios-, Jorge Alberto Segovia, Lucas Mereles Paredes (cambistas) y la abogada María Leticia Bóbeda Andrada.
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Los fiscales designados para la tarea son de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y de Lavado de Dinero: Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Osmar Legal.
Se informa también que “la resolución dispone además que se administren todos los recursos necesarios para el impulso de dicha carpeta fiscal”.
Tras la información del requerimiento de Brasil contra Cartes el pasado 19 de noviembre, crecieron día a día las críticas contra Quiñónez, por su silencio ante tan delicada investigación al exmandatario. Incluso, se llegó a discutir un posible juicio político.
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Lejos de expedirse al respecto, hubo una fuerte defensa en bloque, sobre todo por parte de gremios de fiscales, con apoyo mediático y en redes sociales, a la titular del Ministerio Público.
