Cuñado de ministro trató de evitar juicio, pero Fiscalía respondió a recusación

Carlos Federico León, presunto traficante de armas y cuñado de Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema, volvió a presentar una “chicana” para evitar el juicio oral dentro de un caso en que se lo acusa, junto con otras tres personas, por violación de la ley de armas, asociación criminal y tenencia de estupefacientes. Sin embargo, pese al intento del investigado, la Fiscalía nombró a dos agentes interinos para que el procedimiento se realice, respondiendo así a la recusación a la fiscala de la causa, Lorena Ledesma. Así, el juicio fue reprogramado para hoy a las 11:00. La causa se extinguirá el 9 de febrero.

Carlos León Ocampos, uno de los acusados por la Fiscalía.
Carlos León Ocampos, uno de los acusados por la Fiscalía.

La fiscala Lorena Ledesma, quien lidera el equipo de la Fiscalía que investiga a Carlos León, Víctor Hugo Ferreira Olmedo, Eduardo Alberto Ramírez Cantero y Alfredo Sánchez, acusados por violación de la ley de armas, asociación criminal y tenencia de estupefacientes, informó este martes en conversación con radio ABC Cardinal que León volvió a presentar una “chicana” para evitar el juicio oral que debía arrancar hoy a las 08:30, con lo que el procedimiento quedó nuevamente suspendido.

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“Me están comunicando que el mismo Carlos Federico León presentó una recusación contra todos los fiscales que venimos en la causa, entonces esa situación debo comunicar al tribunal y se va a volver a suspender el juicio”, dijo la agente del Ministerio Público, que añadió que la recusación también se realizó contra los fiscales Carlos Alcaraz y Ernesto Galeano.

“Esta es la tercera vez que se suspende este juicio. Con esto me recusan a mí siete veces”, lamentó Ledesma, quien expresó su temor porque la causa se extinguirá el 9 de marzo próximo. Fue el mismo pleno de la Corte Suprema el que ordenó que el juicio oral se realice en plena feria judicial a modo de evitar la posible extinción. León es cuñado de Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema.

“Creo que el 9 de marzo se cumplen 4 años. Hay personas que en esta causa no realizaron ningún tipo de incidentes, entonces corre (el plazo legal). Urgimos que se realice esto (...) No existe ningún condenado, pero sí cuatro procesados. Los plazos son individuales”, explicó la fiscala.

Poco después del anuncio de Ledesma, el Ministerio Público informó que designó como fiscales interinos a Ysaac Ferreira y Osmar Legal. El juicio se reprogramó para las 11:00 de hoy.

“Se levantó el arresto domiciliario de todos los acusados. Si bien es cierto que el Tribunal de Sentencia tiene esa prerrogativa (...) me parece desmedido ya que los recursos y los incidentes están para ser presentados”, indicó Álvaro Arias, abogado de Carlos Federico León en conversación con radio ABC Cardinal.

El caso

La investigación arrancó el 9 de marzo de 2016 con un allanamiento realizado por agentes de la Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una vivienda ubicada en el barrio Villa Aurelia de Asunción. En el lugar se encontraron varias evidencias del tráfico de armas y otros, que motivaron la imputación fiscal.

Según la acusación, los cuatro procesados formaban parte de una banda liderada por Carlos León Ocampos, quien está procesado en otra carpeta fiscal que investiga el tráfico de armas en la región. La firma Comtecpar, perteneciente al mencionado acusado, presuntamente fue utilizada para la venta de armas de guerra a grupos criminales de Brasil.

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La fiscala Ledesma dijo hoy que el Ministerio Público tiene los elementos suficientes para demostrar que las armas de guerra eran llevadas desde Asunción hasta Pedro Juan Caballero en colectivos.

La acusación aclara que las evidencias requisadas no contaban con documentos legales que justifiquen su importación y/o tenencia; además, la casa no contaba con la habilitación para ser un depósito de armas. Indica, además, que Ramírez hacía operaciones comerciales con León para el tráfico ilegal de armas y que Ferreira actuaba como intermediario.

La hipótesis acusatoria concluye que los acusados Ferreira y Ramírez eran los encargados de trasladar las armas y municiones a los diversos destinos, a través de una empresa de transporte.

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