El informe fue solicitado por el presidente del JEM, Enrique Bacchetta, a través de una nota enviada a Augusto Salas Coronel, fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, en base a publicaciones del diario ABC Color. El agente es hermano de Adrián Salas Coronel, quien también forma parte del JEM.
La denuncia por supuesta contaminación fue hecha en octubre pasado por los vecinos del arroyo Caañabé. Bacchetta informó a Salas que abrió una investigación preliminar sobre el caso y pidió “que remita un informe sobre la causa, así como todos los antecedentes” del mismo por las varias denuncias hechas a través de ABC Color los días 25 de octubre de 2019, 1 de diciembre de 2019 y 24 de enero de 2020.
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La situación que afecta al agua, en donde hubo también varios peces muertos, ya fue denunciada ante el Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). La nota formal fue presentada al fiscal de la zona, Carlos Rojas, por el ingeniero Valentín García Miró ya en noviembre pasado.
La muerte de peces se evidenció a finales de noviembre pasado en el cauce a unos 3.000 metros de la Ruta PY01 y a 200 metros del caño de desagüe de efluentes colocado por la curtiembre de la firma Durli Leather SA, ubicada en el kilómetro 79 de la vía, jurisdicción de la ciudad de Paraguarí.
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Según pescadores, en el sitio fue instalado un caño de descarga de efluentes de la citada curtiembre y despide un olor fétido. La denuncia ante el Ministerio Público fue hecha por delitos contra el medio ambiente y procesamiento ilícito de desechos.
El director de Fiscalización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Julio Marecos, había informado que se constataron en el sitio algunas deficiencias en el tratamiento de efluentes, pues una de las piletas filtraba sustancias químicas. Desde entonces, se desconoce qué otras acciones tomaron desde la cartera estatal.
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“Contamos con todas las documentaciones y autorizaciones respectivas expedidas por cada institución afectada para fiscalizar y controlar el procesamiento industrial”, respondió la empresa.
A finales de enero, el concejal de Carapeguá Alberto Virgilli (ANR) fue hasta el sitio con otros colegas y extrajo agua para que eventualmente la analice el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
