“Hoy asumo la defensa del diputado Cuevas. Se acercaron amigos y amigas y de él y colegas que conocían el caso. Me explicaron la situación, chequeé la cuestión del expediente y dije: ‘No, voy a intervenir’, porque creo que se está usando nuevamente el proceso penal como arma de ataque político”, afirmó Duarte Cacavelos en conversación con radio ABC Cardinal este viernes. De esta forma, Carlos Villamayor dejó de ser representante legal del legislador.
Duarte Cacavelos, quien también defendió a Desirée Masi (PDP) y actualmente es abogado de la familia de Rodrigo Quintana, asesinado en los eventos del 31-M, informó que pedirá la suspensión de la audiencia para la que Cuevas fue convocado este viernes.
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“Hoy justamente él tenía una audiencia de declaración indagatoria con el fiscal Luis Piñánez, me voy a presentar y voy a pedir la suspensión, porque claramente no están dadas las condiciones para que él pueda ejercer su defensa material y vamos a empezar a tratar de desarmar un poco este problema que se armó acá”, manifestó.
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El diputado Cuevas está preso de forma preventiva por supuesto enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias. Quien resolvió esta medida fue el juez Yoan Paul López.
El legislador “chicaneó” su caso en repetidas ocasiones dentro del proceso. El magistrado, entre sus consideraciones, sostuvo que el hecho de interponer varios incidentes en la causa representaba un peligro de fuga.
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“Hubo varias cuestiones que tomaron estado público sobre todo por las decisiones un poco raras que se tomaron en esa audiencia de imposición de medidas en donde el juez Yoan Paul López tramitó una reposición dentro de la audiencia (...) Pero aquí la verdad de la milanesa, el fondo de la cuestión, al diputado lo tienen privado de su libertad, desde mi punto de vista, de manera inconstitucional y, además, de forma ilegal. La Constitución no permite esta situación”, indicó Duarte Cacavelos.
El abogado dijo también que Fiscalía hizo dos pericias sobre los bienes de Cuevas y esos dos informes se contradicen. En ese sentido, indicó que el Ministerio Público se resiste a aceptar un estudio técnico independiente con un perito del Poder Judicial.
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“Cuando vi lo que estaba pasando vi cómo nuevamente se pretende instrumentar al Ministerio Público como arma de ataque político. Vi esto con el caso de Desirée con el WhatsApp, cuando armaron una causa penal por intento de magnicidio (caso ‘emojis’). Se ve cuando, a lo ridículo, se quiere dar entidad (...) con fines meramente políticos que afectan el sistema judicial y en este tipo de procesos es donde se marca el derrotero”, concluyó.