“Desde mayo del año pasado a enero de este año, veníamos realizando denuncias por G. 42.000 millones. Hablamos de un periodo de un año, hablamos de un mal uso (de dinero) de las intendencias y gobernaciones”, expresó Florenciáñez en conversación con radio ABC Cardinal este jueves.
El alto funcionario de la CGR añadió que, en concepto de royalties, las intendencias, que son más de 250, recibieron en total el año pasado G. 890.000 millones y las gobernaciones, G. 239.000 millones. En concepto de Fonacide, las intendencias recibieron G. 300.000 millones y las gobernaciones, G. 135.000 millones.
Sobre los controles, Florenciáñez explicó que muchas de las municipalidades y las gobernaciones envían informes que “en el papel aguantan todo”, pero que cuando se verifican presencialmente las ejecuciones de presupuesto “no hay consistencia”. “Ya hicimos la denuncia en el Ministerio Público”, sostuvo.
Contraloría espera la publicación de un reporte para el 17 de abril, ya que no pudieron hacerlo el 31 de marzo pasado a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus. “Por primera vez se va a hacer el mapeo del uso de las meriendas escolares, 272 entes de control”, manifestó.
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Florenciáñez puso como ejemplo el municipio de Fram, en Itapúa, y el de Filadelfia, en Boquerón, como comunas “ejemplo” en la ejecución de estos fondos. En contrapartida, contó que en Guasu Cuá, en Ñeembucú y Fuerte Olimpo, en Alto Paraguay, ni siquiera presentaron reportes en 2020.
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Ayer, los senadores —a través de un acuerdo entre las bancadas del Frente Guasu, la ANR y el PLRA— aprobaron por mayoría un proyecto de ley que no solamente no recorta el dinero que reciben los municipios en concepto de royalties, sino que además modifica a favor de los mismos el porcentaje que pueden destinar a gastos corrientes.
La Ley N° 3.984/2010, en vigencia, dispone que -de los fondos que reciben- los municipios deben destinar al menos el 80% a gastos de capital (inversiones), el 10% a actividades de desarrollo sustentable y otro 10% a gastos corrientes.
La modificación aprobada dispone que el 50% se destinará a gastos de capital y el otro 50% a gastos corrientes, vinculados a esos gastos de capital y de salud, económicos y sociales derivados de enfrentar la pandemia del COVID-19.
El tema motivó un fuerte debate, ya que algunos senadores, como la bancada de Patria Querida, se opusieron y advirtieron que habilita a los intendentes a incurrir en cualquier tipo de gastos. No obstante, el artículo señala que estos gastos deben estar vinculados al combate al COVID-19. Se agregó también un párrafo para prohibir la contratación de nuevos funcionarios con estos fondos.
Web para controlar gastos
Florenciáñez confirmó también que la página web en que la ciudadanía podrá hacer los controles de en qué se gasta el dinero de la Ley de Emergencia —unos US$ 1.600 millones— estará disponible desde la primera rendición de mayo.
Allí se podrá verificar qué compras se hicieron, de qué firmas y cuáles fueron los precios, explicó. “Cada ciudadano va a ser contralor de los contralores”, prometió.
La existencia de este portal ya fue anunciada por el presidente de la República el pasado martes en conferencia de prensa, como modo de control sobre el dinero que forma parte de un crédito especial solicitado por el Gobierno para aplacar los efectos económicos de la crisis sanitaria por el coronavirus.