Unas 1.700 empresas han comunicado al Ministerio del Trabajo la suspensión de sus actividades desde el inicio de la cuarentena sanitaria obligatoria por el COVID-19, por lo cual aproximadamente 33.000 empleados formales han sido cesados o suspendidos de sus puestos laborales. La ministra explicó que ellos verifican si todos los empleados aportan a IPS y luego inmediatamente derivan las listas a la previsional.

En esta segunda entidad, detalló, se verifica que las personas no cobren por reposo, no estén a punto de jubilarse y que no hayan sido beneficiadas con otros subsidios. Luego, se debe empezar a desembolsar los montos previstos en la Ley de Emergencia Sanitaria.

En principio, el instituto abonará el 50% de salario mínimo (G. 1.096.419), pero en dos pagos a ser realizados en un lapso de 15 días, desde el inicio de los desembolsos.

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Bacigalupo destacó que ya solo falta que se establezca una reglamentación en conjunto con el IPS, por lo cual hoy se reunirá con el Consejo de dicho instituto a fin de establecer el mecanismo de pago.

La ministra destacó que todas las empresas que comuniquen sobre el cese de actividades pasan solo por filtros mínimos relacionados a la verificación de la veracidad de que los empleados ya no están trabajando por la cuarentena y que todos estén aportando al IPS. “El espíritu es facilitar el pago”, agregó.

Finalmente, explicó que las suspensiones de actividades pueden realizarse por dos meses y las empresas afectadas, gracias a ello, pueden no pagar a sus empleados, quienes cobrarán un porcentaje de sus salarios a través de IPS hasta que se reanuden los trabajos. “Si se extiende más de dos meses se tendrán que ver otros recursos adicionales”, precisó.

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