El Ministerio Público ayer se constituyó en oficinas del Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSyBS) en relación a dos denuncias presentadas en el marco de la licitación fallida de unos G. 80.000 millones para la compra de insumos médicos en el marco de la lucha contra el COVID-19. Al respecto, habló en la fecha el fiscal Osmar Legal, integrante del equipo que investiga la causa.
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Señaló que en la fecha van a realizar más diligencias que permitirán armar el historial de los hechos, de modo a analizar las conductas penales que puedan surgir a partir de la investigación. Asimismo, manifestó que la pesquisa tomará como piedra angular el pliego de bases y condiciones de la cuestionada licitación.
Osmar Legal confirmó que la denuncia presentada por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, es principalmente en contra de las proveedoras Insumos Médicos (Imedic) y Eurotec SA. “Va enfocada hacia los insumos, hacia ciertos tipos penales y uno de ellos es la estafa en grado de tentativa y el otro es un delito marcario, que hace referencia al cambio de marcas”, expresó.
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No obstante, señaló que a partir de una denuncia presentada, los agentes del Ministerio Público deben investigar a todos los involucrados en el caso. “Si yo veo que dentro de la instigación deben estar procesados también funcionarios, van a ser también procesados, pero esa es una estrategia que se va a ir dando a través de ciertos actos administrativos”, aseveró.
Agregó que el análisis que hace la cartera estatal puede ser así como sus autoridades lo plantean o no, pero el Ministerio Público debe analizar todas las conductas en el marco global de la licitación. “Todos los actores que tengan intervención con eso y que tengan responsabilidad penal van a ser procesados”, enfatizó.
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Antecedentes
Desde la llegada de los insumos mencionados hubo problemas con las especificaciones de los productos y las marcas, por lo que la cartera estatal rechazó gran parte del pedido. Sin embargo, a pesar de las falencias, el ministro Julio Mazzoleni había manifestó el pasado 29 de abril que no había irregularidades dentro de su Ministerio en el marco de este proceso.
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Por su parte, la Contraloría General de la República elaboró un informe, que se dio a conocer el pasado 21 de mayo, en el cual aseveró que la adjudicación estuvo totalmente “viciada” y apuntó a una serie de irregularidades por las discrepancias entre lo actuado y el pliego de bases y condiciones.
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Esa misma noche, un grupo de congresistas presentó una denuncia penal contra el Ministerio de Salud. Al día siguiente, el 22 de mayo, Julio Mazzoleni habló en conferencia de prensa para denunciar que iban a rescindir el contrato con ambas firmas, ejecutar la póliza e instruir sumario. Durante su discurso, al ser abordado si presentaría una denuncia penal, sostuvo que ya tenía conocimiento de la existencia de un proceso en la Fiscalía, por lo que esta institución ya debería estar investigando el caso.
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No obstante, dos días después, el domingo 24 de mayo, Mazzoleni presentó una denuncia ante el Ministerio Público en el marco de esta misma causa, pero apuntando a las empresas proveedoras.
En cuanto a las responsabilidades dentro del Ministerio, hay un ping pong de manifestaciones en el cual todos apuntan contra todos. Por ejemplo, Pedro Adrián Santander, quien fue miembro del Comité de Evaluación del Ministerio de Salud, señaló que su equipo fue presionado de manera indirecta por el director de Contrataciones, Pablo Lezcano, para la firma de la licitación.
A su vez, Lezcano dijo que el ex director administrativo Alcides Velázquez le instruyó acelerar el proceso. Esta última versión fue negada por Velázquez, quien manifestó que siempre recibió instrucciones de Julio Mazzoleni a otras autoridades del Ministerio de Salud y también que hubo injerencia de otras instituciones en la licitación.
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Asimismo, el ministro instruyó un sumario en el cual no incluye a Velázquez ni al asesor jurídico Gustavo Irala, quien -según señalan- fue quien hizo firmar los documentos a Mazzoleni. Asimismo, al ser abordado al respecto, el viceministro Julio Rolón insistió en que el llamado siguió todos los protocolos administrativos y jurídicos.
