Los indígenas sostienen que solicitan judicialmente la suspensión inmediata de las obras debido a la afectación que tendrán sobre territorios ancestrales y advirtieron que si no tienen un fallo favorable, analizarán otras medidas. Aseguran que intentaron llegar a una solución mediante el diálogo con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, pero no tuvieron respuesta.
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Además de esto, aseguran que el gobierno no cumplió con los compromisos asumidos tras la medida extrema que tomaron con el cierre por horas el año pasado, y que además la ayuda a las comunidades indígenas durante la pandemia fue escasa e insuficiente.
La acción judicial es contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Además de solicitar la suspensión de la obras, los nativos exigen al gobierno apoyo para lograr condiciones de vida digna en las comunidades, a fin de evitar la migración a la ciudad que obliga a los pueblos originarios a vivir en estado de mendicidad.