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Esta mañana conversó con ABC el abogado Ezequiel Santagada con respecto a la publicación de declaraciones juradas correspondientes al periodo 1998-2017 de numerosas autoridades nacionales, lo cual es un hecho histórico de cara a la transparencia de la administración pública.
“Esto fue una victoria de la ciudadanía, nosotros solamente fuimos un vehículo de la necesidad de la ciudadanía. Juanki (el periodista Juan Carlos Lezcano) hizo la primera solicitud en 2016, la segunda en el 2017 y cuando no le responden ahí vamos a la Justicia. Es ahí como en el 2018 se inicia el juicio de amparo (...) Si no hubiera sido un proceso vigilado por la ciudadanía, si no fuera acompañado por los medios, esto no iba a ser aprobado, porque iba a ser muy fácil esconderlo. La transparencia la hacemos todos”, señaló.
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Agregó que habían solicitado que se incluyera a todas las entidades del Estado que están involucradas en el decreto de la lucha contra la pandemia de COVID-19. “En este decreto están incluidos el presidente de la República, la fiscala general del Estado, todos los gobernadores (...) Nosotros solicitamos la aclaratoria y no se les incluyó, nosotros apelamos y espero que en las próximas horas esto sea resuelto”, subrayó.
“Ya el contralor adelantó cuál va a ser la postura institucional; ellos tienen la obligación legal de rechazar esta solicitud. Eso nos obligará a iniciar un nuevo amparo de acceso a la información, pero lo más probable es como ha ido ocurriendo, porque hay que destacar el rol del Poder Judicial. Mayoritariamente, en casi todas las solicitudes de acceso a la información que han sido llevadas a la Justicia, el Poder Judicial le dio la mano derecha a la ciudadanía y permitió el acceso a la ciudadanía. Lo más probable es que sea favorable y el contralor dijo: ‘Voy a cumplir y no voy a apelar'”, explicó.
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“Es un escollo tener que ir a la Justicia, pero si tenemos que hacer 1 o 20 juicios más de acceso a la información, los vamos a hacer, para eso estamos. Vamos a hacerlo y lo vamos a manejar sin problema”, acotó.
Al ser consultado sobre cuál fue el hecho más llamativo en todos estos años de lucha de acceso a la información pública, dijo que se trató de un hecho bastante reciente. “Lo gravemente institucional fue lo que hicieron. Ayer estuve recontando, yo decía que eran 29, al parecer son 32, tenía una listita de nuevos nombres, entre ellos Nano Galaverna, Enrique Mineur, el diputado Paniagua, la exgobernadora de Alto Paraguay Marlene Ocampos, que también se presentaron a la Corte para tratar de frenar esta decisión”, rememoró.
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Agregó que esto es una abierta violación al artículo 248 de la Constitución Nacional, “porque no se presentaron como personas que alegaban la afectación de un derecho a la intimidad, sino que se presentaron como diputados nacionales. La Constitución es clara: los miembros de otros poderes del Estado no pueden intervenir de modo alguno en los procesos judiciales, ellos lo intentaron hacer abiertamente, eso creo que fue lo grave”, aseveró.
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También recordó el hecho de que desde la Contraloría General de la República habían manifestado que no tenían todos los sistemas contra incendios, ante la posibilidad de que estas declaraciones juradas deban hacerse públicas. “Eso empezó a despertar la suspicacia de mucha gente, creo que de manera fundada; por suerte se puso el resguardo judicial, por suerte no se quemó la Contraloría y por suerte hoy están saliendo las primeras declaraciones juradas. Hay que tener en cuenta que esto va a terminar como mínimo en 60 días, que es el plazo que tiene la Contraloría para cumplir con esta orden”, concluyó.
