El abogado, especialista en asuntos penales del ámbito internacional, indicó que el traslado de connacionales condenados exige que haya un triple consentimiento: en primer lugar, que el condenado quiera volver a su país; también que el Estado del país de origen pida que el connacional vuelva y -lo fundamental- que el Estado que lo condenó preste su consentimiento para que continúe el resto de su condena en su país, explicó a ABC Juan Emilio Oviedo.

Remarcó que el instrumento de traslado de personas condenadas tiene una esencia de Derechos Humanos. “En su país de origen donde está su familia, donde están sus amigos, donde tiene una mayor capacidad para reinsertarse en la sociedad, rehabilitarse”, destacó.

Un caso muy sonado es el de Cristina Marcela Díaz, una compatriota condenada en 2012 por tráfico de drogas en Turquía, quien pudo volver a nuestro país para cumplir el resto de su pena. Igualmente, se está gestionando este beneficio para otras paraguayas que también fueron mulas de drogas y condenadas en dicho país.

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“De Argentina y Brasil seguro hay (más) antecedentes (...) Pero son realmente pocos (...) Sí han tenido, por ejemplo, muchos paraguayos que cumplían penas en Argentina y se trasladaban a la penitenciaría de Formosa para estar cerca de sus familiares”, agregó.

Este instrumento internacional es lo que pretende ahora el expresidente de la Conmebol, ex APF y ex vicepresidente de la FIFA Juan Ángel Napout, quien dio positivo para COVID-19 y guarda prisión en Estados Unidos, condenado por el caso de corrupción en la FIFA.

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Juan Emilio Oviedo indicó que actualmente no forma parte del equipo que gestionaría el pedido de traslado, pero reconoció que fue consultado por abogados de Napout para una asesoría en esta materia, teniendo en cuenta su experiencia en el campo internacional.