El representante del Ministerio Público dijo que presentó el requerimiento meses atrás, al considerar que éste tipo de hecho ni siquiera configura el delito de reducción, “pero para obtener una sanción por lo menos podemos encuadrar en esa figura y pedir criterio”, precisó.
El rodado incautado fue entregado por Benítez al Departamento de Investigación de Delitos de Curuguaty, sin el aval del juez competente, contrariamente a lo que expresa el Código Procesal Penal, en su artículo 196.
El magistrado Ramón Alberto Florentín confirmó que el fiscal Benítez pidió criterio de oportunidad para el jefe comunal de Yby Pytã, y que el rodado fue entregado sin comunicación alguna al juzgado.
Además, en forma llamativa, el fiscal no mandó peritar ni pidió informes sobre el origen del rodado, que, según los datos, fue robado en el Brasil. “Debería haber peritado y pedido informe a través del consulado y un fiscal no puede entregar un vehículo como depositario, tiene que ser un juez”, señaló una alta fuente del Ministerio Público, consultada al respecto.
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En su explicación, el agente dijo que no era necesario poner a disposición del juez el vehículo, al no ser una evidencia que haya sido secuestrada. “No puede ponerse a cargo del Juzgado si no libró el juez orden de secuestro” aseguró.
El caso
El intendente de Yby Pytã, Rubén Darío González fue aprehendido el 21 de marzo pasado sobre la ruta PY03, en Km 35, alrededor de las 20:00, en una barrera policial - fiscal, cuando transitaba en un automóvil de la marca Toyota, modelo Corolla, color plata, sin chapa, chasis N°9BRBD3HE6J0346210, sin documento alguno.
Minutos después de su aprehensión, el fiscal Daniel Benítez ordenó la liberación del intendente y el rodado fue llevado al depósito de la Fiscalía de Curuguaty.
Dicho agente fiscal fue denunciado en varias oportunidades por presuntas irregularidades y ligados con presuntos pedidos de dinero a través de sus funcionarios. El caso más fuerte fue la liberación de dos personas identificadas como Édgar Demérito Jara Martínez, de 34 años, y a Walter Ramón Franco Arial, de 30 años, sin imputarlos y sin comunicar al juez competente luego de presuntamente enfrentarse con policías de Villa Ygatimí.
Estas personas están sospechadas de asesinar al sexagenario Ignacio Ramón Mélida Chávez en un barrio de Villa Ygatimí, cinco días después de que fueran liberadas por el mencionado fiscal. Los familiares denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al agente, mientras, la Fiscalía General ordenó la investigación correspondiente de las actuaciones del agente.
Otra de las graves denuncias contra el fiscal Benítez, fue la formulada por el chofer Óscar Aguilera por supuesto secuestro, extorsión y robo agravado que habría ocurrido en fecha 3 de julio pasado en el lugar llamado “bajada de la muerte” sobre la ruta PY03, cuando el denunciante transportaba toneladas de cuero y azúcar presuntamente de contrabando. Dicha carga le fue sustraída por la comitiva policial fiscal, donde presuntamente participó el fiscal Benítez.