Con el resultado del mes anterior, la Caja Fiscal acumula, de enero a julio, un déficit de 554.305 millones (US$ 81 millones) que se financia actualmente en parte con los recursos tributarios y con los fondos provenientes de los préstamos autorizados por la ley de Emergencia Sanitaria.
La entidad recibió al mes de julio en concepto de aportes de los funcionarios activos más de G. 1,4 billones (US$ 205 millones) y pagó haberes por un monto de más de G. 1,9 billones (US$ 286 millones), lo que representa un déficit del 28% en el acumulado.
Los números forman parte del informe que dio a conocer el Ministerio de Hacienda a través de su página web, esta mañana, en donde se detalla el aporte que realiza cada sector que conforma la Caja y los gastos realizados para cumplir con los beneficiarios.
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Hacienda ya destinó US$ 59 millones para cubrir la diferencia negativa que arroja esta Caja en los últimos meses, debido a que los aportes no alcanzan para financiar todos los beneficios.
La Caja Fiscal está conformada por seis sectores de la administración central: los que registran superávit son empleados públicos, 83%; docentes universitarios, 21%; magistrados judiciales, 36%. Sin embargo, registran déficit policías, -60%; militares, -77%; y maestros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), -41%.
La cantidad de funcionarios activos aportantes llegan a los 237.730, en tanto que la cantidad de jubilados de los diferentes sectores suman 66.821 personas.
Hacienda había establecido como prioridad la reforma de la Caja Fiscal, pero posteriormente se decidió que primero se insista con la aprobación del proyecto de ley de la “Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones”, que está a la espera de ser remitido al Congreso como parte del paquete del plan de recuperación económica.
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Los técnicos de Hacienda habían adelantado que las finanzas de la Caja se irán deteriorando con las modificaciones aprobadas para el sector de médicos y odontólogos de salud pública, porque argumentaron que profundizará la inequidad entre los beneficiarios, no es sostenible en el tiempo y conlleva un riesgo para las finanzas públicas.
El personal de blanco está actualmente incluido en el sector de empleados públicos, pero con los cambios introducidos en la ley, más adelante se creará un nuevo programa para este sector.