Mañana, en el punto N° 7 del orden del día, la Cámara Baja tiene previsto poner a consideración el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 6500/2020 “que establece un régimen de indemnización de los gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero del año 1989″.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presentó una resolución que aconseja rechazar la objeción total del Ejecutivo y esto llevaría a la promulgación de dicha ley, que tiene sanción ficta el 8 de octubre.
El proyecto aprobado por el Congreso Nacional establece que los herederos de gestores que perdieron la vida durante los combates desarrollados el 2 y el 3 de febrero serán indemnizados con 3.000 jornales mínimos, mientras que los que participaron directamente en los combates percibirán una indemnización equivalente a 2.000 jornales mínimos. El pago a los excombatientes sería de G. 168.680.000 (2.000 jornales), mientras que para los herederos unos G. 253.020.000 (3.000 jornales).
Desde el Poder Ejecutivo fundamentaron el veto total remarcando que “no se cuenta con los sustentos técnicos que avalen la posibilidad de obtener ingresos adicionales que permitan asignar nuevos recursos con la Fuente Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro- mucho menos si no resulta posible cuantificar los recursos que serán requeridos por no estar determinados los beneficiarios”.
Al respecto, el viceministro de administración financiera Óscar Llamosas explicó que la ley planteada, de la forma en la que está, no focaliza quienes serán los beneficiados por la indemnización y como no se sabe cuál es la cantidad real de las personas que recibirán el beneficio, no se puede establecer con claridad cuál será el monto requerido para hacer dichos pagos.
“No hay una definición clara dentro de la ley de ir priorizando y beneficiar a los que realmente fueron afectados por este situación. De ahí parte el veto, sin desmeritar o restar importancia al hecho. Falta focalizar a quien va a beneficiar esta ley. Por otro lado no se prevé un costo, entonces de dónde van a salir esos recursos”, mencionó.
Explicó además, que en coyunturas normales iba a ser un problema la asignación de recursos para esta indemnización y ahora - atendiendo la emergencia sanitaria y la crisis económica generada por el coronavirus- toda cuestión adicional no está prevista.
La normativa en cuestión fue presentada por los diputados Jazmín Narváez, Ulises Quintana, Walter Harms, Juan Nano Galaverna, Sergio Rojas, Blanca Vargas de Caballero, Hugo Ibarra, Salustiano Salinas, Colym Soroka. El texto establece que “serán beneficiados todos aquellos “soldados conscriptos” o en su defecto sus herederos, por haber participado en cualquiera de los bandos (atacados o atacantes), quienes fueron expuestos directamente al combate armado durante los días 2 y 3 de febrero del año 1989, en Asunción y, que, con posterioridad a la misma, hayan sido dados de baja, sin resarcimiento alguno”.
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