Las jóvenes murieron el miércoles en dos choques armados cuando se encontraban junto a los criminales en un campamento del EPP en el norteño departamento de Concepción.
El Gobierno mantiene que ambas hicieron uso de sus armas ante la aparición de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo creado hace años para combatir al EPP.
Para la Codehupy, los sucesos “al igual que otros también protagonizados por la Fuerza de Tarea Conjunta en el pasado, presentan características inquietantes de un nuevo crimen de Estado”.
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La ONG agregó que esta vez se presenta a dos adolescentes como “partícipes de un supuesto enfrentamiento armado”, al tiempo que denunció que los cuerpos fueron enterrados el mismo día del enfrentamiento.
”Además de lo criminal del operativo, resulta inexplicable el apresuramiento por sepultar los cuerpos antes que sean identificados y entregados a sus familiares”, resalta, al tiempo de señalar que “pareciera existir premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso”.
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Las autoridades paraguayas no han confirmado la identidad de las dos jóvenes, que según el Gobierno tendrían entre 15 y 17 años. Sin embargo, familiares de líderes del EPP dijeron a los medios que eran hijas de algunos jefes criminales y que tenían 11 años.
La Codehupy repudió además “el acento triunfalista del Gobierno en relación con un hecho que está más cerca de ser caracterizado como terrorismo de Estado, que como un logro en materia de seguridad”.
CUESTIONA LEGALIDAD DE LA FTC
Asimismo, la ONG, que agrupa a organismos de derechos humanos del país, consideró que “es el momento de abrir nuevamente el debate sobre la institucional modificación de Ley de Defensa Nacional”, de la que nació la FTC.
La Codehupy cuestiona la existencia legal de la FTC, órgano mixto de militares y policías creado en 2013 para perseguir al EPP, al considerar que las Fuerzas Armadas no están autorizadas por la Constitución a labores de la seguridad interna.
El EPP fue creado en 2008 a partir del extraparlamentario y ahora desaparecido partido de izquierda Patria Libre.
Las autoridades señalan que el EPP se financia con secuestros y extorsiones a productores agropecuarios de Concepción, el departamento donde opera.