El juez Raúl Florentín hizo lugar al amparo constitucional planteado por Juan Carlos Lezcano, periodista de nuestro diario, y ordenó a la Contraloría la publicación de las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de todos los funcionarios públicos desde el año 1992 hasta el 17 de junio de 2020.
Según la resolución del juzgado, todo lo relacionado a la situación patrimonial de los empleados estatales deberán ser publicados en la página web institucional de la CGR, exceptuando los datos que se encuentran excluidos por la Constitución Nacional y la legislación vigente.
Conforme a lo estipulado por el magistrado, la institución tiene un plazo de 6 meses para ejecutar dicha resolución y hacer públicas las declaraciones.
El pasado 17 de junio, Lezcano solicitó que –a través del Portal Unificado de Información Pública– las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos presentadas desde el año 1992 obrantes en los archivos de la CGR sean publicadas en la página web institucional.
El pedido se basó en el artículo N° 28 de la Constitución Nacional y en la Ley 5282/14 que reglamenta el “Libre Acceso a la Información Pública”.
En principio, dicha solicitud fue denegada por la Dirección de Gestión Anticorrupción de la CGR en fecha 3 de julio de 2020 y, planteada su reconsideración, fue rechazada en fecha 19 de agosto de 2020, de acuerdo a los antecedentes.
En la fecha el juez Florentín determinó en favor de la transparencia y la publicidad de las declaraciones que la CGR deberá hacer públicas.
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