El documento N° 4.849 del contralor Camilo Benítez, con fuerza de denuncia, ingresado a las 13:03 en el Ministerio Público y con destino a la fiscala general, Sandra Quiñónez, describe que se detectó un daño patrimonial de G. 6.458 millones.
Según el documento, el uso del dinero público que el intendente Urbieta no supo justificar fue en el rubro de pago de servicio de aseo, mantenimiento y reparaciones (G. 959.500.000), en compra de combustible y lubricantes (G. 657.851.000), se realizaron transferencias irregulares del Fonacide (G. 4.812.990.000) y cheques sin respaldo documental (G. 26.700.000).
Tras el informe remitido por los auditores Nelson Salinas, Liz Ortiz y Alberto Vargas, quienes estuvieron a cargo de analizar la gestión municipal y los documentos del periodo fiscal 2018, el contralor general de la República comunicó el hecho y solicitó una investigación fiscal en consecuencia.
“El estudio realizado a la gestión municipal del periodo 5 de enero del 2018 al 28 de diciembre del 2018 arroja como resultado la existencia de indicio de hecho punible contra el patrimonio y lesión de confianza según estipulado en el Código Penal, Art. 192, pues se detectó un daño patrimonial de unos G. 6.458 millones”, indica parte del documento que tiene tres páginas y en que se resumen los trabajos realizado por los auditores.
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Este documento también va acompañado de un informe final pormenorizado, un CD y documentos respaldatorios para que el fiscal designado a la investigación tenga los elementos para sustentar una eventual imputación contra Alejandro Urbieta.
La auditoría de la CGR se llevó adelante luego de la presión ciudadana; los concepcioneros incluso tomaron las calles durante varios meses denunciando las desprolijidades realizadas por la gestión municipal.
Los ciudadanos realizaron sendas movilizaciones, pues por años las denuncias realizadas contra el jefe comunal fueron cajoneadas por el Ministerio Público de Concepción.
