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Esta mañana debía iniciarse el juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exparlamentario Óscar González Daher y su hijo, que ya había sido suspendido debido a que ambos estaban con aislamiento preventivo.
Sin embargo, el abogado Claudio Lovera solicitó una nueva postergación, debido a que OGD se encuentra internado y Rubén González Chaves tiene “reposo absoluto”, ambos por COVID-19. El defensor resaltó que OGD ingresó al sanatorio por una neumonía agravada por las patologías de base.
La Fiscalía constató la existencia de constancias médicas visadas por el Ministerio de Salud y decidió allanarse al pedido de posposición del inicio del juicio para que, una vez recuperados, el juicio pueda proseguir de manera segura.
En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, integrado por Yolanda Portillo (presidenta), Yolanda Morel y Jesús Riera, resolvió aprobar el pedido de postergación del presente juicio oral y público.
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Por un lado, al exsenador Óscar González Daher (cartista) acusan de un supuesto enriquecimiento ilícito por unos G. 6.000 millones, mientras que a su hijo, el concejal de Luque González Chaves (cartista), por unos G. 51.000 millones.
Según los fiscales, la mayoría de las cuentas bancarias de González Chaves no aparecen en su declaración jurada ante la Contraloría General de la República.
Anoche, los integrantes del grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) iniciaron una vigilia frente al Palacio de Justicia por el inicio del juicio oral que estaba previsto para hoy. Esta mañana, los manifestantes continuaban apostados en el sitio.
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Cabe recordar que recientemente el exparlamentario recibió una irrisoria condena por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados. En diciembre pasado, el Tribunal de Sentencia impuso dos años de prisión a González Daher, con la posibilidad de la suspensión de la pena, con lo cual en la práctica no iría a la cárcel, además de siete años de impedimento para ejercer la función pública.
También, de forma llamativa, los demás acusados Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero recibieron ínfimas condenas, solo por el delito de tráfico de influencias, mientras que el senador Jorge Oviedo Matto fue totalmente absuelto.
El actuar fiscal durante todo ese juicio oral fue duramente cuestionado por el propio Tribunal, que -según expertos- también cometió varias irregularidades.