Directores de binacionales siguen ignorando pedido de información sobre gastos socioambientales

Este miércoles ante los medios de prensa, los diputados Kattya González y Édgar Acosta, representantes de la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja, comunicaron que las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá llevan meses ignorando los pedidos de informes que se les hicieron, vía ley de acceso a la información pública, sobre los gastos socioambientales que realizan ambas entidades, en los que se destinan meteóricas cantidades de dinero, que rondan los US$ 250.000.

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Los diputados criticaron que Nicanor Duarte Frutos, titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ha ignorado olímpicamente el pedido de informe, realizado por primera vez el 9 de diciembre y urgido nuevamente el 29 de diciembre de 2020, sin resultado alguno.

En tanto Ernst Bergen, remitió un informe en forma parcial, limitándose solo a citar el dinero que le otorgaron a algunas fundaciones y solo durante el 2020, sin otros detalles. Según la diputada Kattya González, este informe solo reflejó el desorden y la arbitrariedad con la que se maneja la administración, pues algunas donaciones son en guaraníes, y otras en dólares.

“No hay uniformidad, hay un manejo arbitrario de este dinero que representa, en algunos años, hasta 250mil dólares”, remarcó la diputada del PEN.

Cómo y en qué usan el dinero

El requerimiento específico que se le hizo a las cabezas de las entidades Itaipú y Yacyretá consistió en que entregaran datos públicos sobre el uso que le dieron a los llamados “gastos socioambientales”, durante en el periodo 2017 al 2020.

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Como ya pasó un tiempo significativo y las autoridades no han remitido los datos, ni aún con la insistencia que se les hizo, los diputados se vieron en la necesidad de realizar este miércoles un pronunciamiento expresando que consideran esta indiferencia de los directores binacionales como un desplante, no a ellos, sino a la transparencia.

González especificó que los pedidos que se le hicieron a las entidades consistían en qué personas físicas, jurídicas, públicas o privadas fueron las beneficiadas con adjudicaciones que hayan sido objeto de convenios, entre el 2017 y el 2020.

Mucho dinero al antojo

Para Kattya González, el simple hecho de que le estén poniendo cerrojo a la información solicitada desde hace más de un mes, ya demuestra que “algo no quieren que se sepa”.

“Es mucho el dinero que se maneja para que el poder de un simple funcionario que siquiera fue puesto por elección popular pueda usar a su antojo y para fines electorales. Se han remozado hasta seccionales coloradas con ese dinero. Esto tiene que ser a favor de la gente”, dijo tajante la legisladora.

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Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía “a mantenerse atenta ante esta rebelión institucional por parte directores de binacionales que no quieren rendir cuentas públicas, violan la ley de acceso a la información e ignoran a dos representantes. Deben entender que no estamos para pedirles ningún favor”, aseveró González.

Irán a instancias legales

Anunció que pedirán un urgimiento más de la información y posteriormente solo les queda la vía jurisdiccional. Precisó que lo más probable es que emprendan una demanda de amparo constitucional. “Esperemos que el Poder Judicial, que nunca impuso sanciones a titulares de instituciones públicas por violar la ley de acceso, se pongan las pilas”, expresó.

Recordemos que en medio de este pedido que realizaron los diputados, hubo cambio de autoridad en Itaipú, y actualmente el director ya no es Ernst Bergen, sino Federico González. Kattya González y Édgar Acosta planean reunirse con él para ponerlo al tanto de esta solicitud.

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Los parlamentarios exigen datos respaldatorios legales que habilitan a Itaipú y a Yacyretá a dar dinero. Basan el pedido en el artículo 2 de la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública, que lista las instituciones que están obligadas a entregar datos. Las binacionales están incluidas en esta lista.

El año pasado, la Cámara de Senadores rechazó el veto que Mario Abdo Benítez le había dado al proyecto de ley que tenía la intención de incluir en el Presupuesto General de la Nación los gastos socioambientales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Los parlamentarios sostuvieron que estos fondos no se pueden gastar a discreción y sin control.

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