Voto censura a Villamayor se estudiará el próximo 3 de febrero

La decisión fue tomada en la sesión de la Comisión Permanente realizada este miércoles, informó Liza Paredes, periodista de ABC. Votos de Honor Colorado, del Frente Guasu, del Partido Hagamos y del PLRA sumaron para que se estudie si el jefe de Gabinete Civil recibirá o no el voto censura de la Cámara Baja.

Villamayor está implicado en una negociación entre Petropar y PDVSA que data de noviembre de 2019 y en que el abogado Sebastián Vidal, que también trabaja para un tío de Mario Abdo Benítez en Argentina, se iba a llevar una comisión de US$ 26 millones si el acuerdo se llegaba a cerrar.

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El jueves pasado, Villamayor expuso ante los diputados sobre la polémica negociación para el pago de la deuda con PDVSA por cinco horas. Tuvo varios roces con diputados cartistas, así como con algunos liberales y de Hagamos.

El voto censura no es vinculante; es decir, el jefe de Gabinete no puede ser removido de su cargo si es que se le aplica la medida. Según los últimos sondeos, existen los votos para que Villamayor reciba el castigo simbólico.

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Villamayor asegura que no hubo negociación alguna y dio a entender en varias entrevistas que fue solo un “pasapapeles” de documentos. Al final, ni Villamayor ni Venezuela se quieren hacer cargo de Vidal y, sobre todo, de quién lo contrató.

También subsidios

En la fecha, la comisión resolvió también que el 3 de febrero se trate el proyecto de ley que otorga subsidios excepcionales a comerciantes y trabajadores de 16 ciudades fronterizas. Ese día, los diputados deben estudiar si aceptarán las modificaciones planteadas por el Senado o se ratificarán en su versión inicial.

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Diputados había aprobado solo cinco distritos, pero en el Senado resolvieron incluir 11 más. De ser aceptadas las modificaciones del Senado, se beneficiará a trabajadores de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.

Se contemplan pagos de G. 3.000.000 para comerciantes y de G. 1.500.000 para trabajadores. El cuestionamiento surge porque se quieren tocar recursos del IPS destinados para trabajadores suspendidos debido a la pandemia.