Los denunciantes pidieron que el organismo envíe a Asunción una misión o representante de la ACNUDH en el lugar de reclusión de Alegre, que es la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Denunciaron al mismo tiempo una serie de violaciones a los Derechos Humanos e incumplimiento de pactos internacionales por parte de las autoridades del Poder Judicial de nuestro país.
En nota firmada por Miguel Abdón Saguier, Luis Fretes Carreras, Carlos Riveros y Juan Carlos Ramírez Montalbetti señalan que el proceso contra el presidente del PLRA carece de fundamento jurídico, ya que se trata de una acusación sobre rendición de gastos electorales de las elecciones de 2018 en las que era candidato, sin que exista norma jurídica que lo incrimine ni argumentos jurídicos que lo justifiquen.
Destacan que la legislación paraguaya de financiamiento político, en su artículo 278, establece taxativamente que “los candidatos no pueden ser administradores electorales”.
Afirman que, pese a esta norma, la jueza Cynthia Lovera admitió la imputación y convocó al líder del PLRA a una audiencia donde impuso medidas cautelares en su contra y posteriormente, en fecha 28 de enero pasado, decretó su prisión preventiva por incumplimiento de las medidas cautelares impuestas.
Señalan que Alegre está actualmente recluido en la Agrupación Especializada, una unidad donde también guardan reclusión miembros del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) condenados por secuestros y asesinatos, narcotraficantes y políticos procesados por tráfico de influencias y otros delitos.
Los dirigentes sostienen que la acelerada imputación y posterior prisión arbitraria del presidente del PLRA, sin que existan causales establecidas en la legislación vigente en Paraguay, demuestran la abierta manipulación de las instituciones con el claro propósito de amedrentar a quienes no concuerdan con las políticas y prácticas del actual Gobierno.
En la parte final del documento, señalan que se cumplen varias de las condiciones para la intervención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y en particular del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD). Por tanto, piden el inmediato envío de una misión de la ACNUDH.