Paro en Derecho-UNA por más fondos que compensen aplicación de Ley de Arancel Cero

Estudiantes, docentes y directivos de la Facultad de Derecho - UNA están en paro en reclamo de un aumento del dinero que reciben de Fonacide en compensación por la Ley de Arancel Cero. El decano, Raúl Torres Kirmser, explicó que con la aplicación de la norma, de unos 9.000 estudiantes, solo 400 pagan aranceles y tienen un déficit de G. 10.000 millones, de los cuales solo reciben G. 3.488 millones del Estado.

Estudiantes protestaron el viernes contra el aumento de aranceles. Este incremento no ocurrirá, pero exigen más fondos de Fonacide.
Estudiantes protestaron el viernes contra el aumento de aranceles. Este incremento no ocurrirá, pero exigen más fondos de Fonacide.

La semana pasada, estudiantes protestaron por el anuncio de un incremento del 70% en los aranceles de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este (UNA) debido a que no alcanza el monto de compensación que el Estado otorga a la casa de estudios por la gratuidad establecida a la Ley de Arancel Cero. “De G. 230.000, la matrícula subió a G. 410.000”, relató Natanael Martínez, miembro del consejo de delegados.

Esta mañana, el decano de la facultad, Raúl Torres Kirmser explicó que la suba de aranceles había sido en principio una decisión, pero que él resolvió anular la resolución y ya consiguió los votos para que esta tarde, el consejo directivo deje sin efecto el aumento de los aranceles.

Aun así, en la Facultad de Derecho de la UNA sigue el paro académico y administrativo exigiendo al Gobierno un aumento del dinero que reciben del Fonacide en compensación por la aplicación de la Ley 6628, conocida como de Arancel Cero, y “Que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas de país”; y asigna el 7% del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a las universidades nacionales.

Torres explicó que el paro se da en la sede de la Facultad de Derecho y en sus nueve filiales. Detalló que en total hay unos 9.000 estudiantes y más del 90% es beneficiario de la gratuidad establecida por la Ley 6628 por ser egresado de colegios públicos y privados subvencionados. En consecuencia, son solo entre 300 y 400 los alumnos que pagarán aranceles este año. Además, al garantizarse la gratuidad, aumentó el número de jóvenes matriculados y de 800 que se registraron el año pasado para el Primer Semestre, hoy tienen 1.500 matriculados.

El decano detalló que para este año, el presupuesto aprobado para la facultad es de G. 20.325 millones. De ese total, pretendían recaudar G. 16.836 millones en aranceles y recibir del Fonacide los G. 3.488 millones que el Ministerio de Hacienda designó en concepto de gratuidad a la casa de estudios, pero de los G. 16.836 millones que pretendían recaudar, ahora sólo estiman una recaudación de G. 6.500 millones, o sea, apenas del 40% del total planificado.

Nos queda un pasivo de G. 10.000 millones. Ese es el monto para pagar a todos los funcionarios de las nueve filiales y la casa central. Y nos quedamos sin sustento para gastos de mantenimiento, limpieza, baños, papel higiénico, y todos los gastos. Prácticamente estamos en la banca rota”, señaló Torres Kirmser. Explicó que en enero y febrero pudieron arreglarse, pero que para este mes ya no tienen fondos, por lo que sin apoyo del Ministerio de Hacienda quedarían sin trabajo unos 150 funcionarios administrativos y otros 150 docentes que tienen contratos por dos meses.

Ante esta situación, la Facultad pidió el Ministerio de Hacienda unos G. 4.000 millones más de Fonacide sobre los 3.488 millones que ahora reciben. “Lo ideal serían G. 10.000 millones, pero si recibimos G. 7.000 a G. 8.000 millones, nos podemos defender”, enfatizó el decano y contó que hay inequidad en la distribución de los recursos destinados a las universidades y facultades, ya que hay otras, como la Facultad de Economía e incluso el Rectorado, que reciben más de Derecho.

Torres señaló que están en conversaciones con altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y que también sabe del problema el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y que hay intención de solucionar el inconveniente.

Modificación de la reglamentación

Miembros de la organización de centros de estudiantes de la UNA, CEUNA, se reúnen también con altos funcionarios del Ministerio de Hacienda exigiendo la derogación del decreto 4734, que reglamenta la Ley de Arancel Cero por considerarla ilegal. Entre otras cosas, esa normativa pone límites a la cantidad de veces que el estudiante puede intentar ingresar a una universidad si quiere beneficiarse con la gratuidad de la enseñanza y también limita los años en que se deberá cursar la carrera. Igualmente define que quienes provengan de colegios privados deberán tramitar un certificado de vulnerabilidad para acceder al beneficio.

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