“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: El presunto asesinato de menores durante una operación de seguridad; denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y, en ocasiones, potencialmente mortales; arresto y detenciones arbitrarias; problemas sustanciales con la independencia del Poder Judicial; intimidación violenta de periodistas por parte de grupos del crimen organizado; corrupción generalizada en todos los poderes y niveles del gobierno; falta de investigación y rendición de cuentas por temas relacionados a la violencia contra la mujer; y trabajo infantil, particularmente en el servicio doméstico y la agricultura informal”, destaca el resumen de los principales temas cuestionados al gobierno de Abdo.

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Justamente hoy se emitió una orden de prisión preventiva para jóvenes manifestantes contra el gobierno por supuestamente participar de la quema de Colorado Roga, una decisión considerada abusiva e impulsada por el Partido Colorado, ratificando de esta manera algunos de los puntos cuestionados, como el los arrestos arbitrarios y la falta de independencia del Poder Judicial.

“En los casos de delitos menores, los jueces con frecuencia establecen una fianza demasiado alta para que muchos acusados pobres la paguen, mientras que los acusados con conexiones políticas o ricos pagaron una fianza mínima o nula o recibieron otras concesiones, incluido el arresto domiciliario”, recoge el informe sobre la percepción de la actuación de jueces en nuestro país.

Igualmente, recogen las apreciaciones sobre la falta de independencia de la Justicia en nuestro país, donde mencionan la presunta práctica de sobornos a fiscales y jueces para modificar delitos investigados, así como las presiones políticas.

En tal sentido recordaron que la justicia está supeditada al juzgamiento por políticos, porque consideran que la mayor fuente de presiones provienen del Congreso.

La corrupción e impunidad no pueden estar exentos en un análisis sobre nuestro país. Entre las estrategias más comunes utilizadas para lograr impunidad citaron las chicanas, entre ellas por ejemplo las recusaciones a jueces, pero en general consideran que ”la impunidad era común debido a la politización y la corrupción dentro del Poder Judicial”.

El extenso relatorio de casos cuestionados inicia con plantear cuestionamiento sobre el asesinato de dos niñas en el norte del país durante un supuestos operativo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo paraguayo (EPP).

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El operativo fue duramente cuestionado, ya que fue presentado inicialmente como un éxito pese al asesinato a las dos niñas, que se presume fueron llevadas al monte por sus familiares, que son miembros del grupo criminal, sino también porque el Gobierno hizo una cuestionada labor para dilucidar las circunstancias del abatimiento de las niñas.

Otro caso de presunto abuso policial es el relacionado al operativo de militares en Ciudad del Este, que realizaron el año pasado una serie detenciones y presuntos abusos, considerados incluso de posible tortura, en busca de supuestos contrabandistas, tras el asesinato de uno de sus camaradas durante un operativo nocturno en el río Paraná.

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Con relación a las detenciones ilegales, el informe menciona que si bien “la ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención en los tribunales, sin embargo el gobierno no siempre cumplió con estos requisitos” e incluso mencionan que la Policía utilizó en muchos casos la Ley de la cuarentena sanitaria “como excusa para solicitar sobornos o intimidar a los civiles”.