Al inicio de la sesión con la mesa directiva del Senado, el vicepresidente Hugo Velázquez hizo énfasis en que el objetivo de la ley es ayudar a Salud Pública en la lucha contra la pandemia. Dijo que el contexto obliga al Poder Ejecutivo a “reglamentar ciertos derechos” y, a pesar de que la Constitución Nacional lo faculta a emitir decretos en el marco de la emergencia sanitaria, “en una actitud democrática” plantean establecer un marco regulador en colaboración con el Congreso Nacional.

Por su parte, Hernán Huttemann dijo que desde que asumió el cargo de jefe de Gabinete empezó a plantear la necesidad de un marco regulatorio, pues actualmente ya se conoce con certeza cuáles son las medidas más efectivas para frenar al virus.

Dijo que cuando llegó la pandemia se optó por establecer medidas en el marco del código sanitario, pero creen que ya es necesaria una nueva ley que especifique con claridad los parámetros y límites de actuación de los órganos de fiscalización y control, junto con un régimen sancionatorio.

“Se habla de tribunales especiales (...) El derecho administrativo sancionador ya funciona de esta forma. Hoy se aplican sanciones en Salud, al igual que otras instituciones”, añadió.

Aseguró que se generó “una confusión” y que el proyecto no prevé sanciones penales para la violación de medidas sanitarias, sino solo acciones administrativas.

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También contó que gremios de eventos y gastronómicos presentaron alternativas de modificación del proyecto que se centran en suprimir la restricción de circulación y establecer sanciones regulatorias dependiendo de la gravedad y con la distinción de personas físicas y jurídicas. Prometió enviar al Senado las propuestas.

Para finalizar su presentación inicial, aseguró que debatió con juristas y todos coincidieron en que se requiere de una ley y esta es la oportunidad de trabajar en ella.

En representación del Ministerio de Salud habló el director de Vigilancia Sanitaria, Guillermo Sequera, quien recordó que desde la parte técnica colaboraron con la clasificación de medidas sanitarias, tales como la limitación de circulación nocturna, la ventilación de espacios cerrados, el uso obligatorio de mascarillas, la limitación de personas en eventos sociales, el aislamiento de pacientes y el cierre de fronteras, además de las clases híbridas y los trabajos por cuadrillas en instituciones públicas y privadas.

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Así también, el asesor jurídico de Salud, Gustavo Irala, aseguró que desde la institución es un proceso habitual la apertura de sumarios administrativos y actualmente tienen alrededor de 150 en curso, por infracciones a las medidas sanitarias vigentes. Además, hay otras 300 en relación a la falta de presentación de hisopados negativos al reingresar al territorio nacional.

“Son procedimientos que estamos acostumbrados a realizar. Sí, va a significar un aumento de trabajo, pero en la ley se establece una reorganización para hacer frente a los sumarios”, consideró.

“Una cortina de humo” para cubrir el “fracaso”

El senador Jorge Querey expresó que se demostró que las medidas tomadas por el Ejecutivo han fracasado en el país. “Podemos interpretar políticamente que (el proyecto) se trata de una cortina de humo ante el fracaso del Poder Ejecutivo. No podemos seguir metiendo la penalización de la ciudadanía y mucho menos si tienen menos sendas contradicciones con artículos de la Constitución Nacional, porque serán incumplidas, así como fracasaron las medidas que han sido propuestas por el Ejecutivo a través de sus decretos”, añadió.

Además, recalcó que la gestión del Gobierno ha fracasado por muchos motivos. “Desde la bancada creemos que hay serie de aspectos que justifican rechazo, si evaluamos que sí puede ser útil para coadyuvar a las medidas sanitarias que creemos absolutamente necesarias”, añadió.

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Mientras que la senadora Desirée Masi señaló que ya no se puede “gobernar por decretos” pero sobre todo hizo énfasis en que no hay garantías de un buen cumplimiento, considerando que hay a diario miles de incumplimientos que pueden ser penados pero no hay ninguna sanción, como por ejemplo contra los empresarios del transporte. “¿Por qué dicen ahora que van a cumplir? Porque no queremos hacer otra vez una ley muerta”, enfatizó.

También resaltó que no se puede aprobar una ley que facilite a los policías la utilización de la figura de la resistencia para cometer abusos. Propuso que el punto de las vacunas sea totalmente excluído porque implica muchos debates diferentes a los demás puntos y si implica sanciones penales.

“Todos deben ser sanciones administrativas, con derecho a la defensa, con plazos racionales y sanciones proporcionales sin violar la Constitución y las leyes”, añadió.

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Por su parte, Enrique Bacchetta aseguró que no existe “una pisca de mala fe” en el proyecto defendido por Huttemann pero también indicó que hay muchas falencias por parte del Ejecutivo que repercuten negativamente en este proyecto, pese a que muchas cosas “estén bien”. “La situación hace que la ciudadanía esté cansada porque le habilitamos al Poder Ejecutivo U$S1600 millones y se mal usó”, consideró.

Agregó que él encontró muchas falencias porque por ejemplo en el caso de las vacunas el hurto ya está tipificado y no cree necesario que se requiera una ley especial siendo que ya existen otras salidas penales que pueden ser aplicadas contra los infractores. También cuestionó que se incluya a los Tribunales de Cuentas en plena época electoral.

De la misma manera, cuestionó que se hablen de sanciones por aglomeraciones sin excluir las manifestaciones, que son legítimas y deben realizarse en el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

En otro momento, el senador Enrique Riera sí consideró que es necesaria una tipificación penal en el caso de las vacunas contra el covid, que sirva como antecedente para otras pandemias en el futuro. Explicó que no se puede hablar del robo si la persona acude a un vacunatorio a recibir la dosis sin saber que no le corresponde.

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“Propuesta que puede ser modificada en su totalidad

Luego de las críticas de los parlamentarios, Huttemann respondió punto por punto y, en síntesis, hizo hincapié en que la propuesta de ley “puede ser modificada en su totalidad” por los senadores y que están abiertos al debate de todos los puntos. “Creemos que es mejor, para dar previsibilidad, establecer cuáles son las medidas que puede tomar el Ejecutivo y no salir de ahí, esa es la claridad y previsibilidad que reclaman algunos sectores”, consideró.

Recalcó que el objetivo es tener medidas claras y por ello también se incluye que el Ejecutivo, para establecer nuevas medidas tenga que tener en cuenta ciertos parámetros tales como idoneidad, finalidad, proporcionalidad y necesidad.

También señaló que se puede incluir un artículo que exceptúe a las manifestaciones con debidos protocolos y se excluya la competencia de la Policía, si se propone a otro órgano de control.

De la misma manera, reiteró que lo que se busca es establecer medidas administrativas por la violación de las medidas sanitarias, no medidas penales.

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En otra ronda de preguntas, los senadores hicieron consultas puntuales sobre la aplicación de la ley en lo que hace al uso obligatorio del tapabocas, el ingreso a propiedad privada sin una orden, la sobrefacturación de medicamentos y otros.

Respondiendo a una pregunta del senador Enrique Riera, Huttemann dijo que no se va a violar la propiedad privada, pero sí se va a intervenir en la propiedad privada de ingreso público y el juez va a determinar si el pedido corresponde.

Por su parte, la senadora Desirée Masi señaló que la parte del proyecto de ley sobre las sanciones referentes al acopie y la sobrefacturación de medicamentos puede tomarse. Igualmente, preguntó cuál sería la sanción para los policías que cometen abusos y torturas. También pidió que se aclare qué jueces se harán cargo de las sanciones con relación a la normativa que se quiere establecer.

El senador Amado Florentín consultó a los representantes del Ejecutivo si es que pensaban retirar el proyecto de ley ya que es tan cuestionado.

Jorge Querey indicó que se pueden rescatar algunos artículos y en otros incorporar puntos que tengan que ver con una estrategia global. “Hoy lo que no vemos es esa estrategia global”, subrayó. Según manifestó “la falta de estrategia es lo que hace que se tenga que estar apagando incendios”.

Huttemann respondió a las preguntas de los senadores. En primer punto dijo que la ley del uso obligatorio de mascarillas está a cargo de los jueces de la adolescencia y que ya hay informes al respecto.

Con relación a la postura del Ministerio Público, sobre la aplicación de la ley sobre la cuarentena sanitaria es que esta se aplica cuando la cuarentena es estricta o en el caso de una persona con covid-19 positivo que debe guardar cuarentena, en otros casos la Policía es la que debe intervenir.

A la consulta sobre retirar el proyecto de ley, dijo que la intención del Ejecutivo fue proponer la ley al Congreso y que se discuta a nivel Legislativo. Indicó que se debería incluir al Ministerio de Hacienda para profundizar en el debate, descartando que el proyecto sea retirado.

Por su parte, el ministro Borba dijo que todo es “perfectible” y que todo se puede mejorar e incluir para que la normativa tenga el efecto realmente esperado.

Pidieron que las preguntas sobre las sanciones a policías y otras aplicaciones de la ley sean respondidas por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, pero ya no se encontraba conectado a la reunión virtual.

Tras estas declaraciones, los representantes del Poder Ejecutivo se despidieron y los senadores continuaron con el tratamiento del orden del día de la Mesa Directiva.