El director jurídico del MOPC, José Arévalo, explicó que los trabajos comenzaron en distintos puntos del país mucho antes de la polémica generada por los carteles ofensivos exhibidos recientemente en Ciudad del Este.
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“En la Ecovía empezó un trabajo importante, se quitaron más o menos 25 pórticos. Después, una medida judicial impidió que se sigan quitando los pórticos”, afirmó Arévalo.
Según el funcionario, posteriormente el operativo se trasladó a Salto del Guairá, donde también se logró retirar una gran cantidad de estructuras publicitarias.
“Tuvimos una quita enorme de carteles, 100 carteles en pocos kilómetros. Tuvimos de nuevo una medida judicial que nos impide continuar, pero en ese caso quedó casi cartel cero”, señaló.
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MOPC sostiene que los carteles son ilegales y peligrosos
Arévalo sostuvo que la posición institucional del ministerio es que la instalación de estas estructuras en franjas de dominio no se ajusta a la normativa vigente.
“A criterio de esta administración, la colocación de carteles en esos lugares no es legal”, expresó.
El director jurídico argumentó que la Ley de Tránsito y Seguridad Vial prohíbe construcciones dentro de las franjas de dominio debido a los riesgos que representan para la seguridad vial.
Añadió que, por ese motivo, la cartera de Estado decidió rescindir los convenios que permitían la explotación publicitaria de estos espacios, que fueron firmados durante la administración del exministro Arnoldo Wiens.
“Nosotros proseguimos a rescindir el convenio apenas nos enteramos de la vigencia de un convenio”, aseguró.
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Medidas cautelares impiden retirar más estructuras
El director jurídico reveló que actualmente existen resoluciones judiciales que impiden al MOPC continuar con el retiro de carteles en algunos sectores.
“En el caso de Ecovía, tenemos una medida cautelar que impide quitar o tocar cualquier tipo de los carteles por MOPC”, afirmó.
En cuanto a Salto del Guairá, explicó que las empresas buscaron volver a instalar las estructuras retiradas.
“Presentaron un amparo para volver a instalar. Ganamos primera, en segunda instancia, y ahora presentaron una inconstitucionalidad que está en grado de estudio”, detalló.
Arévalo indicó que las empresas suelen argumentar que cuentan con permisos municipales y que han abonado las tasas e impuestos correspondientes, cuestionando así la competencia del ministerio para intervenir. No obstante, remarcó que la jurisdicción sobre las rutas nacionales corresponde al Ministerio de Obras.
Ciudad del Este aceleró los trabajos
Respecto a los carteles ubicados en Ciudad del Este, que generaron una fuerte reacción ciudadana en los últimos días, Arévalo aseguró que el retiro de estructuras ya formaba parte de un cronograma nacional de trabajo.
“Fue un trabajo que inició en Ecovía, tuvo un trabajo importante, pasamos a Salto de Guairá, pasamos Eusebio Ayala, y bueno, esta situación aceleró los trabajos en Ciudad del Este”, argumentó.
Asimismo, sostuvo que los operativos continuarán más allá de la remoción física de las estructuras, pues continuarán los sumarios iniciados en contra de las empresas publicitarias.
El funcionario agregó que, de comprobarse las infracciones investigadas, las empresas responsables podrían enfrentar sanciones y asumir los costos de los trabajos realizados por el Estado para retirar las estructuras.
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Propietarios de carteles “anti-Paraguay” insisten en hackeo
Arévalo también se refirió a la polémica generada por los carteles exhibidos en Ciudad del Este con mensajes ofensivos hacia Paraguay y la Selección Nacional. El director jurídico señaló que la responsabilidad inicial recae sobre la empresa propietaria de las pantallas publicitarias, al menos hasta que pueda demostrar la denuncia de un supuesto hackeo que alegó públicamente.
Si bien reconoció que cualquier sistema conectado a internet puede ser vulnerado, Arévalo puso en duda la explicación brindada por la firma encargada de la cartelería.
“Ellos tienen que demostrar los extremos que ellos alegan”, afirmó. Además, coincidió con los cuestionamientos sobre el tiempo que permanecieron visibles las imágenes.
“Es tan simple como ellos desde su centro de comando o lo apaguen o cambien inmediatamente la imagen”, expresó al señalar que la empresa tenía la posibilidad de intervenir rápidamente.
Según el funcionario, los carteles estuvieron exhibiendo el contenido durante aproximadamente dos horas, un tiempo que consideró excesivo para una situación de presunto hackeo.
También remarcó que cualquier ataque informático deja rastros que pueden ser verificados por las autoridades. “Debe de poder demostrarse el hackeo, si es que existió. Eso es indiscutible. Y el Ministerio Público, una vez recibido la denuncia, tiene que llegar a ese punto”, concluyó.