Indert anuncia inminente nueva propuesta de ley para Marina Cue

Para analizar la situación actual de la propiedad conocida como Marina Cué, Canindeyú y definir los artículos del nuevo proyecto de ley para su loteamiento en favor de campesinos, la presidenta del ente rural, Abog. Gail González Yaluff se reunió con la senadora, Lilian Samaniego, líderes de los ocupantes, representantes de la oenegé Cipae y de la oenegé ambientalista WWF Paraguay.

En la oportunidad, la senadora Samaniego anunció que presentará el proyecto de ley ante la Cámara Alta. La líder campesina Martina Paredes, señaló que hay avances hacia las reivindicaciones que su grupo propugna respecto a esa propiedad.

El terreno en disputa que está en Canindeyú, conocido como Marina Cue, fue el escenario de la peor tragedia civil en la época democrática, cuando el 15 de junio de 2012, en un confuso suceso murieron 11 campesinos y 6 policías, que según la perspectiva política, algunos lo denominan como “masacre de Curuguaty” y otros “Tragedia de Curuguaty”. El enfrentamiento se desató cuando la Policía intentó desalojar a centenares de familias.

Para el análisis, es inevitable el vincular la invasión campesina en Marina Cue con el cultivo de la marihuana y con el rollotráfico, tal como están comprobados en repetidos operativos de las instituciones especializadas en dicho lugar, desde que se instaló la problemática en dicha propiedad.

Antecedentes

El 17 de diciembre del 2020, el Senado sancionó la ley por la cual las tierras de Marina Cue, donde ocurrió el triste suceso de Curuguaty (2012), eran transferidas del Ministerio del Ambiente al Indert. El propio presidente Mario Abdo Benítez celebró la sanción y prometió la promulgación en lo que aparentaba ser un acuerdo de gobernabilidad con la oposición. Sin embargo, el mandatario cambió de postura y a mediados de enero de este año vetó la ley ante la presión de organizaciones ambientalistas y productores.

Según los últimos datos, el nuevo plan para loteamiento del predio conocido como Marina Cue, apunta a entregar a campesinos unas 806 hectáreas, en base a criterios del Comité de Iglesias para que se les construya viviendas sociales y se les apoye con proyectos productivos, para fortalecer el arraigo.