Usan de excusa a Tratado para blindar control de gastos de Itaipú

El director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, dijo este miércoles en Palacio de López que está a favor de la transparencia. También confesó que su ánimo es “compartir, transparentar y dar a conocer” en qué se gastó el dinero de los gastos sociales de la binacional y que recibió órdenes específicas del presidente de la República para avanzar con todas estas premisas.

Sin embargo, ayer hizo todo lo contrario al plantear la institución una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Contraloría General de la República que dispone una auditoría financiera del dinero que la hidroeléctrica destina para gastos sociales.

Pero no solo eso, sino que, como medida de urgencia, pidió que la Corte Suprema suspenda la auditoría para el control de gastos.

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El lamentable argumento que dio Cáceres se centra en que, supuestamente, Paraguay no puede liberar la información porque, en pocas palabras, es algo que deben resolverlo tanto nuestro país como Brasil por el tratado de la hidroeléctrica.

El director dijo que solo por eso tomó la decisión de pedir esa acción a la Corte. Como si fuera colmo, dijo que solo solicitó “la opinión” de la más alta cúpula del Poder Judicial, negando inclusive haber hecho este paso legal para bloquear el acceso a la información.

“Hay un tratado que limita mi funcionamiento. El sentido es recurrir a la Corte para que dé esa claridad (…) Hay un diálogo entre altas partes para crear un mecanismo para que las dos contralorías puedan ingresar. Personalmente, no hay nada que esconder. Brasil tampoco puede entrar unilateralmente”, sostuvo Cáceres.

“Tenemos toda la intención de compartir los gastos, no tenemos negativa. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que el tratado nos limita”, añadió, a tiempo de sostener que “hay otros caminos” para pedir informes a la binacional. Finalmente, prometió que Itaipú cumplirá cualquier resolución que tome la Corte Suprema.

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El argumento principal de Itaipú ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es que la Contraloría no está habilitada para ejercer un control financiero sobre los gastos sociales, atendiendo que la Itaipú es una persona jurídica conformada por el Brasil y Paraguay; por lo que ningún organismo interno puede influir en la binacional sin una previa autorización de ambas partes contratantes mediante un Tratado.

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Como medida cautelar de urgencia la Itaipú Binacional pide a la máxima instancia judicial que suspenda los efectos de la Resolución N° 236 del 30 de abril de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, mientras se analice la acción de inconstitucionalidad.

La Sala Constitucional del máximo tribunal, presidida por el ministro César Diesel e integrada por sus colegas Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes, tendrá a su cargo el análisis de la acción planteada por la hidroeléctrica binacional.