Ayer, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas declaró la nulidad de la licitación por la cual el Instituto de Previsión Social pretendía entregar un contrato de US$ 6 millones para la compra de un software. El titular, Pablo Seitz, indicó que el proceso ya estaba siendo analizado desde 2017.
Gracias a la colaboración también de la Contraloría General de la República, que emitió un contundente dictamen, detectaron “problemas relacionados a la imposibilidad de que otras empresas tengan participación efectiva”.
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Por ese motivo, añadió, Contrataciones además de declarar la nulidad también pidió que se investigue si todos los funcionarios involucrados cumplieron sus funciones de manera correcta.
“Recomendamos expresamente que se deslinden todas las responsabilidades en el ámbito administrativo, verificar a cada funcionario interviniente con respecto a sus deberes, a los efectos de ver qué estuvo mal y qué estuvo bien dentro del campo de cada funcionario”, resaltó.
Cabe destacar que el software de US$ 6 millones solo iba a beneficiar al Hospital de Alto Paraná. La empresa adjudicada fue Green SA, de Hugo Wilson Armoa. Las irregularidades salieron a luz luego de publicaciones de ABC y, en un intento por acallar a la prensa, el propietario de la empresa decidió querellar al periodista que realizó las investigaciones.
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Según la DNCP, la mencionada licitación se “halla viciada desde la elaboración de las bases concursales y del informe de evaluación”. Además, indicó que la previsional no justificó lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), atacado de direccionado por la Contraloría General de la República (CGR).
Además, Contrataciones recomendó al IPS que “atienda que las especificaciones técnicas no resulten restrictivas a la participación y guarden coherencia con la finalidad perseguida por la contratación” en este tipo de llamados “altamente sensibles por involucrar el sistema de salud pública”.
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