IPS se reconoce incapaz de fiscalizar en investigación por presunto fraude

A finales de abril el IPS hablaba de una estafa a la previsional por parte de empresas que pidieron la suspensión de sus funcionarios para que se les pague el subsidio que daba la entidad (G. 1.096.000 mensuales), pero que, sin embargo, hacía trabajar al personal que supuestamente estaba bajo ese régimen.

Así, las firmas se habrían aprovechado para solo pagar parte del salario a sus trabajadores y que el IPS les complete el sueldo con lo restante. Cabe recordar que estas personas no debían prestar servicios al estar suspendidas.

Carlos Bogado, director de Aporte Obrero-Patronal del IPS, dijo hoy en conversación con ABC Cardinal que la investigación sigue, pero dio a entender que recién ahora — pese a que hay un descenso del número de trabajadores suspendidos — la institución iba a controlar que las empresas cumplan.

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“Estamos con esta investigación, cruzamos todos los datos, pero como son tantas empresas ahora estamos con unos cruzamientos casi terminados y vamos a empezar a hacer algunas intervenciones. Ahí vamos a comprobar si existió o no el hecho. Las denuncias existieron, pero tenemos que corroborar, por eso no podemos dar números”, dijo Bogado este domingo.

Para colmo, el director dijo que no tenían el personal suficiente para poder hacer las verificaciones. “Tenemos muy poco personal para hacer las intervenciones, solo tenemos 10 funcionarios para intervenciones porque no se hicieron intervenciones en dos años. No podemos contratar”, explicó.

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Para Bogado, lo ideal es tener “entre 20 a 25 personas” para que verifiquen “por lo menos 15 empresas” cada semana. “Tampoco se puede ir uno solo, tienen que ir de a dos o tres”, dijo.

Como indicio, detalló que “tenemos algunas empresas que facturaron muchísimo habiendo pedido la suspensión del 50 al 60% de sus empleados”, pero dio a entender que no pueden investigar acciones pasadas, sino solo las actuales, siempre y cuando puedan reunir a los funcionarios para poder hacerlo.

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, sostuvo a mediados de mayo que “no había denuncias concretas” contra las empresas, apuntando así a un “opareí” con este caso.

“Recibimos una nota del presidente de IPS diciendo que no hay ninguna denuncia concreta y que ahora van a empezar la investigación por muestreo de un número incierto de empresas porque habían recibido solo denuncias anónimas. Yo ya tengo la nota oficial”, dijo Bacigalupo el 19 de mayo.

Cabe recordar que el IPS pareció recular con la denuncia que hizo a finales de abril desde que Unión Industrial Paraguaya (UIP) reclamó airadamente.

La previsional había dicho que iba a investigar a unas 6.000 firmas de un total de 18.000 que accedieron al beneficio para saber si hacían trabajar a sus empleados suspendidos que cobraban el subsidio de G. 1.096.000 que daba la institución a estas personas como forma de compensación por no estar activos laboralmente.

El 27 de abril pasado, el director de Aporte Obrero Patronal (AOP) del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Bogado, dijo en conferencia de prensa que, tras denuncias anónimas, se abrió de oficio una investigación para indagar si realmente empleadores que solicitaron la suspensión laboral de sus trabajadores, les obligaron a seguir operando y cobraron subsidio del Estado.

El gerente de prestaciones del IPS, Pedro Halley, cifró entre G. 27.000 millones y G. 30.000 millones el monto defraudado.

“Esa es la denuncia que nos llega por parte de diferentes empleados que, por temor a perder su trabajo, no dan nombres. Las empresas solicitan las suspensiones, el IPS paga esa suspensión y hasta ahí todo bien. Sin embargo, cuando se consigue y se valida todo, el empleador le dice a su empleado que igual vaya a trabajar y que su salario lo pagará el IPS, consistente en el subsidio por pandemia a trabajador de G. 1.096.000. Esto es perverso”, había dicho Halley a radio La Unión.