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El exdirector de operaciones de la Senad Luis Servián, Nicolás Cáceres, José del Rosario Sánchez y Emilio Valls, José Domingo López Orrego e Ignacio Sosa Pineda, agentes antidrogas acusados por el homicidio doloso de la niña Vivian Paredes Zanotti, solicitaron revisión de medidas.
La petición de la defensa es objeto de estudio ante el Tribunal de Sentencia de Luque, integrado por los magistrados Letizia de Gásperi, Julio César Granada y Gloria Garay.
Los acusados se encuentran recluidos en la prisión militar de Viñas Cue y participan en la audiencia por turnos. Una vez finalizadas las exposiciones de las defensas, de la Fiscalía y la querella con relación a todos los acusados, el Tribunal dará a conocer su decisión en el transcurso del día.
Abogado querellante, en contra
El abogado Gilberto Penayo, representante de la familia de la niña fallecida, adelantó su postura contraria a la liberación de los agentes. pues a su criterio no se registran elementos nuevos que puedan variar las circunstancias que motivaron que se decrete la privación de libertad de los acusados.
El profesional destacó además la actitud dilatoria de los acusados y sus defensores, que obligaron a reiteradas suspensiones tanto de la audiencia preliminar como del juicio oral y público, pendiente desde el año 2018 precisamente a causa de chicanas promovidas por la defensa.
En ese sentido, Penayo destacó que recientemente la propia Corte Suprema de Justicia (sala penal) declaró inadmisible uno de los últimos recursos planteados por la defensa.
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Además, el abogado querellante recordó que el propio colegiado se ha visto obligado a sancionar a los defensores y sus defendidos, por las reiteradas chicanas presentadas y que impiden el normal desarrollo del juicio.
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“Hay alto riesgo de peligro de fuga”
“Estamos muy cerca de la realización del juicio oral y público, por lo tanto, una revocación de la prisión preventiva podría suponer un alto riesgo de peligro de los acusados, lo que atentaría contra la presente causa penal”, argumentó Penayo.
Vivian Paredes Zanotti, de 3 años, falleció tras ser baleada durante una persecución realizada por agentes antidrogas en el establecimiento Granja Manuelita, ubicado en la compañía Itá Ybate’i de Nueva Italia, el 18 de junio del 2016.
La niña viajaba con su familia en una camioneta guiada por su abuelo, el empresario azucarero Ulrico Zanotti Cavazzoni, quien al advertir la presencia de personas armadas –el vehículo utilizado por los agentes no tenía identificación– huyó, lo cual derivó en la violenta reacción de los agentes.
La camioneta de don Ulrico recibió 60 disparos, su hijo Alessandro Zanotti, de 30 años, recibió 3 disparos y su nieta Vivian, un disparo en la cabeza que le costó la vida.
La acusación en esta causa ya se presentó el 19 de junio del 2017 y el 7 de diciembre del mismo año se dispuso que los antidrogas sean juzgados en juicio oral.
La Fiscalía acusó por homicidio doloso a Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Christian Osmar Morán Galeano, José Domingo López Orrego, Ignacio Alcides Sosa Pineda y Luis Ángel Servián Rotela, en calidad de autores, mientras que José del Rosario Sánchez López y Emilio José Vall Sánchez están procesados en carácter de cómplices.