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El ministro sostuvo que, aunque pueden haber fallas tácticas, el objetivo estratégico de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada por Horacio Cartes en 2013 (Decreto 103 y Ley 5036), se alcanzó: Impedir la consolidación en el Norte de una fuerza irregular capaz de desafiar la presencia del Estado.
Le dije que una suma de fallas tácticas conduce necesariamente al fracaso estratégico y hay elementos suficientes ya para pensar que no estamos lejos de una situación fuera de control.
El jueves pasado, 8 de julio, hablamos con el fiscal Federico Delfino en “La Primera Mañana”, por la 7.30 AM ABC Cardinal, sobre la misma tragedia y nos confirmó que el grupo de asesinos que ultimó a Jorge Ríos se financia (para comprar armas, transporte, equipos y alimentos) mediante extorsiones que los marxistas denominan “impuesto revolucionario”.
Esto significa lisa y llanamente que ese grupo criminal, y los demás que operan en la zona, ha logrado establecer completo dominio sobre los paraguayos que residen allí, sin que sus extorsiones puedan ser prevenidas ni, mucho menos, castigadas.
Estamos ante un fracaso estratégico, no ya táctico, de la FTC, que nos aproxima bastante al escenario que se pretendió evitar con su creación.
A la mañana del mismo martes 6 de julio, el comandante de la FTC, capitán de navío Oscar Chamorro, nos explicó, también en “La Primera Mañana”, que las fuerzas militares comprometidas en la fuerza tienen prohibido hacer uso de los elementos que definen una fuerza militar: La capacidad de aniquilar al enemigo por la fuerza.
El capitán Chamorro precisó que no pueden realizar ninguna acción ofensiva contra los criminales, por la contundente razón de que el gobierno se niega, con total razón, a invocar el derecho de guerra (“Internacional Humanitario”, convenciones de Ginebra) para no correr el riesgo de establecer una situación de beligerancia interna.
El miércoles 7, el senador Miguel Fulgencio Rodríguez expuso el sombrío panorama de una región atacada no sólo por grupos marxistas, sino por narcotraficantes que también operan con total impunidad.
Esto ocurre, lamentablemente, porque la Ley 5036 de Cartes, y su Decreto 103, violan groseramente nuestra Constitución al autorizar uso de fuerzas militares en seguridad interior (prohibido por el Artículo 173 de nuestra Constitución), sacar al ministro del Interior de la cadena de mando policial de la FTC (pisoteando el Artículo 175 de nuestra Carta Magna) y disolver la división de poderes incorporando al Ministerio Publico a una organización que por definición debe fiscalizar (violando el Artículo 3 de nuestra Ley Fundamental).
Se ha creado un monstruo impotente y costoso que por su mal diseño no puede operar con eficacia, permitiendo que el enemigo prospere. Pero se oponen a rectificar el rumbo al desastre porque se ha convertido en un negocio para muchos.
Los grupos criminales del Norte son un asunto policial. No militar. Destacamentos de élite de la Policía los pueden aniquilar sin necesidad de recurrir al derecho de guerra y dentro del marco de nuestra Constitución.