Senado trata regulación de las máquinas tragamonedas

La Cámara de Senadores retomará este jueves el estudio del proyecto de ley que regula las máquinas electrónicas tragamonedas que funcionan en sitios comerciales, que se había postergado el 6 de julio pasado para consensuar las distintas propuestas.

El proyecto presentado por el senador liberal Blas Llano, plantea prohibir de las máquinas tragamonedas en sitios que no sean salones exclusivos de juegos de azar por encontrarse al alcance de los niños y adolescentes, además de que sólo una empresa, iCrop SA, es la beneficiada con el contrato.

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Uno de los cuestionamientos a la concesión hecha por la Conajzar a iCrop SA es que se habría violado la autonomía municipal, ya que las comunas son las que tienen atribuciones para otorgar los permisos municipales para la instalación de las máquinas.

Durante el tratamiento del proyecto a principios de este mes, el senador Sergio Godoy (ANR-HC) sostuvo que correspondía, por una cuestión legal, que la ley regulatoria se inicie en la Cámara de Diputados, ya que es el nexo con las representaciones locales del país. Advirtió que la iniciativa de prohibición de las máquinas en locales comerciales no exclusivos de juegos de azar afecta a las ordenanzas municipales.

Interpelación a titular de Conajzar

Por otra parte, ayer el Senado hizo pública ayer la resolución N° 2.071 que cita e interpela a José Antonio Ortíz Báez, presidente de la Conajzar, contiene 15 preguntas que el interpelado deberá responder el 28 de julio, que giran en torno a la cuestionada concesión para la explotación de las máquinas tragamonedas en locales no exclusivos de juegos de azar.

Las consultas se refieren sobre todo a las cuestiones legales y a las prerrogativas de la institución a cargo de Ortíz.

Asimismo, le consultan sobre los detalles del contrato con iCrop SA, la forma en que fue adjudicada y el canon que paga a la Conajzar y a las muncipalidades.

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En caso de considerar insatisfactorias las respuestas de Ortíz, el Senado puede emitir un voto de censura hacia el funcionario. Esto no obliga al presidente de la República a destituirlo pero se transformará en una fuerte presión política en su contra.