“En el Ministerio Público está puesto todo el equipo de trabajo. Estamos a seis días de haber iniciado las tareas de investigación, trabajando en forma coordinada con la Contraloría General de la República”, señaló la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, al dirigirse a senadores, diputados y parlasurianos miembros de la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C de Itaipú Binacional.
Agregó que solo la investigación y el trabajo técnico que irán haciendo, coordinadamente, con la Contraloría, el Ministerio Público podrá determinar las responsabilidades de la deuda ilegal. “Quiero darles total tranquilidad de que la investigación será lo más eficiente, lo más objetivo y son en estos momentos los documentos, los que van a ir demostrando si es que una causa está o no prescripta”, añadió.
Por su parte, el fiscal Marcelo Pecci, quien también participó de la reunión junto con sus colegas, enfatizó que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General del Estado, proactivamente, inició una causa a partir de la eventualidad de conductas que puedan ser penalmente relevantes y por la importancia social que pueda tener el caso.
“A partir de allí, por imperio de la ley, inicia una labor técnica por parte del equipo fiscal. Esa labor técnica consiste y tiene como punto inicial el examen especial a la deuda de la Itaipú Binacional”, mencionó.
Asimismo comentó que en el día uno (de esta investigación), colectaron el informe final del examen de la deuda de Itaipú, se entrevistaron con el contralor Camilo Benítez y obtuvieron información importante. “Es en este punto, en el día seis de la investigación, en el que estamos abocados a leer minuciosamente ese informe”, añadió.
Pecci informó también que hoy, con el convencimiento de que la investigación debe ser exhaustiva, solicitaron informe a la Contraloría General de la República a fin de que se sirva remitir los documentos respaldatorios de las conclusiones asentadas en el informe de examen a la deuda, así como todo documento que haya servido de base para los puntos conclusivos del mismo.
“Debe entenderse que la labor del Ministerio Público es técnica y como tal se debe determinar hipótesis, conductas atribuibles a una determinada persona o a personas y, a partir de allí, se debe verificar en la ley aplicable en el tiempo, y con todo ese razonamiento, es allí el momento técnico en el que el equipo fiscal determinará las conductas, sus tiempos, y la potestad que da la ley penal o no de aplicación de la sanción que corresponda”, explicó.