Estas son las preguntas que el Senado exigirá responder al presidente de Conajzar

El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortíz Báez, es cuestionado por “legalizar” la explotación de tragamonedas en bares, bodegas, despensas y otros sitios diferentes a los salones exclusivos de juegos de azar del país y que para ello, haya contratado de manera directa, sin concurso ni licitación, a la empresa iCrop SA, dirigida por Ariel Peña Flores. El tema se descubrió luego de una manifestación de explotadores de estos aparatos, a fines de junio último.

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La senadora Esperanza Martínez afirmó que sospecha de que se trata de la creación de una estructura para lavado de dinero ante la falta de claridad de la legalidad de las actividades y el uso de la fuerza pública para amedrentar a los comerciantes y que estos se para sometan al sistema.

La empresa cobra entre G. 300.000 y G. 450.000 por “regularizar” cada máquina y de ese monto, sólo G. 88.000 ingresa al Estado. El compromiso es “legalizar” 50.000 tragamonedas, lo que representará una recaudación de US$ 2,1 millones, recursos de los que un 70% quedará para el empresa (US$ 1,5 millones) y el resto, 30%, al Estado, conforme a averiguaciones hechas por ABC y confirmada por autoridades de Conajzar y iCrop SA.

Teniendo en cuenta ese contexto, los primeros aspectos que el Senado planifica requerir a Ortíz es si se trata de una competencia municipal la autorización de explotación de tragamonedas, y que explique la fundamentación legal que autorizó la firma de la Resolución N° 34/2020 de Conajzar, por la cual le dio dicha atribución a iCrop SA. Este documento es el que faculta a iCrop SA a desarrollar sus actividades como “nueva modalidad de juego de azar” y “legalizar” la explotación de tragamonedas en sitios que no son exclusivos de juegos de azar.

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La Cámara Alta desea conocer los dictámenes jurídicos, técnicos, financieros y otros que avalan la vialidad de la citada autorización a iCrop SA, los valores en guaraníes que son recaudados y los criterios contemplados para la fijación de dichos montos, además del proceso realizado para la selección y contrato a la citada compañía.

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Otro aspecto a indagar es si en el marco de la autorización de actividades a iCrop, específicamente del censo y catastro de las tragamonedas, debió o no realizarse mediante el sistema de Contrataciones Públicas, regido por la Ley N° 2051. Así mismo, requiere información vinculada a ese relevamiento y solicita reportes de las fiscalizaciones hechas en los últimos años por la institución y lo relacionado a su Registro de Operadores de Juegos de Azar.

Siguiendo con los permisos otorgados a iCrop, el Senado pide especificar si la firma es concesionaria, reguladora, intermediaria o interventora. Además, confirmar qué incluye la explotación de tragamonedas, con cuántas máquinas puede operar cada local, y que se entregue las copias autenticadas de las verificaciones hechas a los comercios y todos los antecedentes administrativos de la firma. Incluso preguntará si el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, están al tanto de las estrategias aplicadas para “regularizar” esas máquinas del país.

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Preguntas sobre la quiniela

Por otra parte, la Cámara Alta exigirá explicaciones vinculadas a la adjudicación de la quiniela a la firma TDP SA, del expresidente Juan Carlos Wasmosy. Se consultarán aspectos de la fiscalización del contrato y el cumplimiento de las obligaciones en la explotación, los pagos de comisiones a los levantadores de este juego y el funcionamiento del software con el cual se obtienen reportes mensuales, además del cumplimiento del pago del canon correspondiente.

Un aspecto que también consultará es referente a la reducción del valor del canon y otros tributos durante la pandemia, si es cierto y en base a qué dictamen Ortíz lo autorizó.