La CGR ordenó una “Fiscalización Especial Inmediata” para revisar la ejecución de los recursos que maneja la Municipalidad, hasta el ejercicio 2021. Para el efecto designó a un equipo de auditores integrado por Derlis Riquelme (supervisor), Carolina Articanaba (jefa de equipo), Oscar Hermosilla, Donato Cardozo y Eva Zelaya (auditores).
El equipo ya se instaló en la comuna desde esta mañana y de acuerdo con la orden de trabajo deberán revisar la rendición de cuentas de las transferencias de ingresos y gastos de Fonacide, royalties y compensaciones.
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Sin embargo, la resolución respectiva autoriza a los auditores realizar entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la Municipalidad como fuera de ella. Una de las metas sería revisar obras ejecutadas en el marco de pandemia, con graves indicios de sobrefacturación.
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La nueva fiscalización del manejo de los fondos públicos de la Municipalidad de Salto del Guairá responde a una serie de denuncia que vienen realizando algunos concejales, sobre el oscuro manejo del presupuesto municipal de casi 10 millones de dólares anuales (cerca de G. 70 mil millones entre Fonacide, royalties, resarcimiento y fondos propios).
Según las denuncias realizadas por los concejales Héctor Moran (ANR), Cecilio Garrido y Armando García (independientes), la comuna durante la administración de Carlos César Haitter habría recurrido a todo tipo de irregularidad en el uso de los fondos municipales, especialmente durante la pandemia, y se presume que tras una exhaustiva revisión podría comprobarse un nuevo agujero en los fondos.
Haitter ya ostenta el título de ser el presunto responsable del mayor “monto de perjuicio patrimonial determinado en concreto”, en el Paraguay, que asciende a la suma de G. 30.371.916.451. El dato corresponde al reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio realizado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría el 04 de octubre del 2019, sobre la ejecución presupuestaria de 2016. La denuncia fue radicada ante la Fiscalía General del Estado.
Según los datos, la auditoría que ahora se ejecuta ya había sido ordenada el año pasado, pero el intendente saltoguaireño habría logrado trabar el nuevo control gracias a los contactos que tiene a través de empresarios de la construcción con fuertes influencias sobre las instituciones de control del Estado.