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La titular del Indert expuso este lunes en la audiencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, sobre el proyecto de presupuesto para 2022 que le fue asignado a la entidad dependiente del Poder Ejecutivo.
El organismo tiene este año un presupuesto inicial de G. 107.370 millones, pero sumado la ampliación recibida asciende a G. 113.825 millones (US$ 16,5 millones) y para el próximo año se contempla un monto de G. 110.149 millones (US$ 16 millones), lo que implica una reducción del 3,2%.
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González Yaluff mencionó que actualmente la deuda por las compras y expropiaciones de tierras asciende a G. 965.000 millones (US$ 140,2 millones), pero que el presupuesto para el pago es de apenas G. 20.000 millones (US$ 2,9 millones).
Sostuvo que en este programa se lleva ejecutado unos G. 12.978 millones, que representa el 62%, y está pendiente de transferencia desde el Ministerio de Hacienda poco más de G. 7.000 millones.
La titular del Indert informó que para el presente ejercicio pidieron al Ministerio de Hacienda una ampliación presupuestaria de G. 80.000 millones (US$ 11,6 millones), pero la propuesta fue rechazada.
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El panorama para el próximo año no es diferentes, ya que según González Yaluff en el proyecto de presupuesto 2022 se prevé poco más de G. 20.000 millones (US$ 2,9 millones) y a este ritmo se tardaría 46 años en pagar la deuda, sin tener en cuenta los intereses que van sumando cada vez más.
Adelantó que para el presupuesto 2022 ya se planteó a Hacienda una adenda de G. 106.000 millones (US$ 15,4 millones) para su inclusión en el proyecto de presupuesto 2022 que se estudia actualmente en el Congreso, que está en análisis en la cartera.
Dejó en claro que no se pide aumento salarial para ningún funcionario porque “queremos limpiar nuestra institución del concepto que tiene la gente”, justificó y añadió que esperan superar las metas para demostrar que se puede trabajar bien en la institución.
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Proyecto de ley
En otro orden, señaló que están trabajando en un proyecto de ley para solucionar en parte el tema de Antebicué, que permitirá adjudicar y titular a los que realmente son sujetos de la reforma agraria, no así a aquellos que están ocupando tierras irregularmente.
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En ese contexto, informó que en general el 15% de los que ocupan las tierras del Estado no son sujetos de la reforma y que se apunta a ir recuperando mediante las intervenciones que se vienen realizando en las colonias.
Al respecto dijo que piden el apoyo del Poder Judicial para poder concretar la recuperación de las tierras, ya que muchos obtienen una medida cautelar para seguir ocupando, pero nadie vive en el lugar, son plantaciones cuando el estatuto agrario exige ocupación directa, efectiva.