El gasto salarial podría dispararse si Bicameral incluye los aumentos

El gasto salarial dentro del presupuesto público para el ejercicio 2022, que en principio se prevé que lleve el 75% de la recaudación, podría dispararse si se incluyen los pedidos de aumento que las entidades hacen ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso. Al respecto, el exministro de Hacienda, César Barreto, había advertido que cualquier incremento se pagará con deuda.

Los mayores pedidos realizados a la Comisión Bicameral de Presupuesto provienen de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.
Los mayores pedidos realizados a la Comisión Bicameral de Presupuesto provienen de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 presentado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda a consideración del Congreso a inicios del mes, ya incluye algunos aumentos salariales y reajustes en función al nuevo salario mínimo que rige desde el mes de julio último (G. 2.289.324 mensual).

Se contempla, por ejemplo, un incremento de entre 8% a 16% para docentes, dependiendo del nivel de ingresos corrientes. También ajustes del 4,4% para los funcionarios administrativos que ganan el mínimo, así como un aumento en la escala salarial de policías, militares, gobernadores departamentales y para la implementación de la nueva ley para el personal de enfermería de salud pública.

Hacienda prevé inicialmente que el 75% de la recaudación tributaria pagada por los contribuyentes será destinada a cubrir los salarios y otros beneficios del personal público. Es decir, que de cada G. 100 G. 75 van a ir a remuneraciones.

Además, parte de lo que resta de ese porcentaje del ingreso van a financiar jubilaciones y programas de pensiones, que en algunos casos igualmente son reajustados porque están atados a la variación del sueldo mínimo.

Suba salarial y cargos

Apenas se inició el estudio del proyecto de PGN 2022 en el seno de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, los pedidos de incrementos salariales y creaciones de cargos no se hicieron esperar en el sector público.

La Corte Suprema de Justicia plantea una suba del 4,5% para funcionarios y magistrados, la Fiscalía General solicitó un incremento del 10% para los que ganan menos de G. 10 millones y el Ministerio de la Defensa Pública quiere una equiparación para defensores, asistentes y profesionales psicólogos. En tanto que la Cancillería quiere otorgar una recategorización salarial para funcionarios del servicio civil.

Los pedidos, sin embargo, no se terminan en esto ya que otras entidades solicitan más bonificaciones como la Contraloría General de la República, que pretende pagar a los auditores por el trabajo de auditoría que están obligados a realizar, el Banco Central del Paraguay (BCP) y Petropar.

De igual forma se suma la ampliación del monto destinado a la contratación de personal, como es el caso de la Justicia Electoral, por citar algunos pedidos de incrementos en el PGN que se realizan aprovechando que las campañas electorales vuelven generosos a los parlamentarios. Algunos legisladores ya adelantaron su apoyo a los reclamos.

Contrariamente a lo que ocurre en el sector público, las empresas privadas y trabajadores independientes siguen peleando día a día para salir de la crisis generada por la paralización de las actividades económicas.

El propio Ministerio del Trabajo en la audiencia ante la referida comisión legislativa informó que más de 5.000 trabajadores seguían suspendidos en sus actividades laborales porque las empresas no pudieron aún recuperarse del golpe que significó la pandemia del covid-19.

Se pagará con deuda

La Comisión Bicameral de Presupuesto retomará la audiencia mañana y el próximo viernes. Falta todavía que acudan las autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, entre otros entes, por lo que se espera más pedidos de aumento del gasto público, principalmente salarios.

Por ahora, el mayor requerimiento suma US$ 145 millones y, según el exministro de Hacienda, César Barreto, cualquier incremento se va a pagar con deuda pública y eso sería un despropósito.

“Es necesario que las autoridades y los parlamentarios consideren seriamente la realidad de las finanzas públicas y que este presupuesto es de transición hacía la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, había alertado sobre el punto.

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