La decisión del juez Ramón Trinidad Zelaya fue tomada en la víspera, donde ordena la entrega de un automóvil de la marca Toyota, tipo Caldina, año 2002 a Juana Beatriz Núñez Cristaldo, en carácter de depositaria judicial.
Dicho automóvil fue incautado en un procedimiento de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) realizado el 8 de enero de este año en el barrio “Karen Luana” de esta ciudad, ocasión en que fue detenido Adolfo Abel Moreira Núñez con un kilo con 335 gramos de cocaína. La solicitante del rodado es la madre del aprehendido.
El agente fiscal antidroga, Vicente Rodríguez, se opuso al pedido del juez argumentando que el vehículo es parte de las evidencias en el proceso contra Moreira Núñez, ya que el automóvil fue utilizado para el transporte de la droga incautada, según los investigadores que realizaron el procedimiento.
“En fecha 7 de julio de 2021 fue presentado el requerimiento Nº 17 de acusación y elevación de la causa a juicio oral y público, por los hechos punibles y penados por los artículos 27 y 44 de la ley Nº 1340/88 y sus modificaciones, ofreciendo como evidencia el automóvil de la marca Toyota, tipo Caldina, modelo 2002, color blanco que era utilizado para el tráfico de la sustancia incautada”, señaló el fiscal Rodríguez.
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Según un informe elaborado por el fiscal, el juez Zelaya envió al Ministerio Público a un funcionario del Poder Judicial, de nombre Diego Chaparro, acompañado del abogado Nelson Colmán, quien solicitó a la funcionaria fiscal Alba Amarilla la entrega de la llave del automóvil. Amarilla se negó y explicó que la decisión del juez Zelaya será recurrida por el Ministerio Público.
Luego llegó el actuario Justo Marecos, acompañado de la solicitante Juana Beatriz Núñez Cristaldo, quienes insisten en la entrega de la llave. Al no conseguir su objetivo, amenazaron con denunciar al fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, refiere el informe.
La explicación dada por el juez Zelaya por su decisión de entregar el automóvil es que, según su análisis, el móvil no guarda relación con el hecho investigado porque la droga incautada no fue hallada en el vehículo, sino en un armario dentro de un inquilinato.
El fiscal sostiene que el automóvil debe permanecer bajo resguardo del Ministerio Público y una vez terminado el proceso, debe pasar a resguardo de Senabico.