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Entre los cuestionados candidatos que se presentan a las elecciones municipales del domingo y que ya pasaron por administraciones comunales en los últimos cinco años se encuentra el exintendente de la localidad de Mayor Otaño Pedro Chávez (ANR, Partido Colorado), denunciado por estudiantes por presunto mal uso de dinero de Fonacide.
En octubre de 2019, la Contraloría General de la República dispuso una fiscalización especial inmediata que encontró una serie de irregularidades en la administración de Chávez.
En diciembre de 2019 un fiscal de la unidad anticorrupción del Ministerio Público allanó la Municipalidad de Mayor Otaño, pero el proceso no avanzó hasta llegar a una imputación.
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Otro candidato a la reelección es el exintendente de Obligado, Gill Amarilla (ANR), a quien se atribuye contrataciones de obras públicas dirigidas hacia empresas de su entorno.
Una investigación en curso realizada por un grupo de concejales detectó sospechosas coincidencias entre direcciones de empresas del intendente y facturas por servicios en obras ejecutadas a través del Consejo de Desarrollo Interdistrital de Itapúa, que reúne a varios municipios del departamento, entre ellos el de Obligado.
En abril de este año, la Junta Municipal de Obligado pidió una fiscalización especial inmediata, pero la Contraloría aún no resolvió investigar a la administración de Amarilla.
Otros intendentes que van por la reelección son Miryam Velázquez (ANR), de San Juan del Paraná; Blanca Chávez (ANR), del distrito de La Paz; Milciades Flores (ANR), del distrito de Pirapó; y Ariel Ávalos (ANR) del municipio de Alto Verá.
Sobre esos cuatro candidatos no hay denuncias concretas por mala administración.
Opositores por el “rekutú”
Entre los candidatos opositores a intendentes que buscan la reelección se encuentran Luis Yd (Alianza) por Encarnación; Del Pilar Vázques (PLRA) en el distrito de José Leandro Oviedo y Víctor Casas (Alianza), en el distrito de Tomás Romero Pereira.
Romero Pereira enfrenta varias denuncias y procesos por lesión de confianza en la administración comunal.
Otro candidato oficialista que enfrenta cuestionamientos es el intendentable de la ciudad de Hohenau, Enrique Hahn, del movimiento Concordia Colorada de la ANR, asesor externo de la Gobernación de Itapúa en el programa “Ñemity” de apoyo a pequeños productores del departamento.
Denuncias refieren que Hahn, en su función de asesor de la Gobernación de Itapúa, supuestamente está detrás de la contratación directa de una empresa de rastreo satelital, Localiza Paraguay S.A., para el monitoreo de 40 tractores agrícolas, servicio por el que se pagó G. 480 millones, tres veces más que el presupuesto establecido.
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Tanto Hahn como el coordinador del programa “Ñemity” por la Gobernación de Itapúa, Eduardo Rebruk - candidato a concejal municipal de Encarnación por el movimiento Concordia Colorada de la ANR - aseguraron que los gastos estaban justificados.
ANR quiere “pintar” Itapúa de rojo
En la ciudad de Carmen del Paraná, un bastión colorado, se da una particularidad: no hay candidatos a reelección, pero el candidato oficialista, Germán Gneiting, proviene de una familia que administra el poder en la comunidad desde hace décadas.
El candidato es hijo del actual intendente Germán Gneiting, y nieto del fundador de la dinastía, Miguel Gneiting, que adquirió poder en el municipio durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
Para la ANR las elecciones municipales implican un intento de recuperar su hegemonía y “pintar de rojo” el departamento de Itapúa, como se afirmó durante un acto en la seccional colorada de Encarnación, en septiembre, al que asistieron el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
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El mapa político de Itapúa tras las elecciones municipales de 2015 muestra a solo 17 de los 30 distritos del departamento en manos coloradas.
En esas elecciones el Partido Colorado perdió Encarnación, capital del departamento, por primera vez en 70 años.
La ANR se propuso recuperar la intendencia de Encarnación “a como dé lugar”, y eso se pudo observar en casi tres meses de gobierno de transición con administración colorada tras la renuncia del intendente Yd para buscar la reelección.
Durante esos meses fueron puestos en operación entes del Estado como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y otros, buscando dar una imagen de buena gestión y eficiencia.
También se vio el retorno de viejas prácticas como “invitar” a funcionarios públicos a reuniones políticas con candidatos colorados.