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Diputados trata hoy la “muerte civil” de los electores

Este artículo tiene 5 años de antigüedad

La Cámara Baja incluyó como segundo punto del orden del día de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de ley que multa a los electores que no votan en las elecciones y les inhabilita a tramitar documentos personales hasta tanto paguen la multa de G. 44.000. No descartan modificaciones.

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Hace 22 días el proyecto de ley fue aplazado a pedido del diputado Sebastián Villarejo (PPQ) sin detallar fundamento alguno. El legislador está a favor de plantear modificaciones al proyecto de ley que por cuarta vez volverá a ser incluido entre los primeros puntos del orden del día.

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, presidida por el diputado Derlis Maidana (ANR, HC), dictaminó por unanimidad rechazar el proyecto que viene del Senado.

Las posturas divididas impiden que la bancada cartista defina el rechazo de la propuesta legislativa ya que ante una eventual ratificación necesitarán 53 votos para mantener un doble rechazo. En cambio sí tendrían los números suficientes para plantear modificaciones a la propuesta legislativa.

En la comisión de Legislación se plantean algunas modificaciones al plan original pero se mantiene la multa de G. 44.000 a los electores que no votan y las consecuencias hasta tanto dure el incumplimiento, como la suspensión de gestionar el pasaporte, antecedentes policiales, trámites ante Registros Públicos, Subsecretaría de Estado de Tributación, Dirección General de Catastro, Dirección del Registro del Automotor y las transferencias de subsidios del Estado.

En el inciso f del artículo 94 de la norma se exceptúan de la obligación de sufragar a las personas que vivan y residan a más de 25 kilómetros de su lugar de votación, situación que será justificada conforme reglamentación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Solo podrá eximirse una sola vez por cada residencia, debiendo el ciudadano elector efectuar el traslado al distrito electoral donde residiera para la siguiente elección.

También se exceptúa a las personas que se encuentren fuera del país por razones de salud, estudio o trabajo, situación que será justificada conforme reglamentación del TSJE.

Se plantea que el TSJE y el Viceministerio de Transporte vean los mecanismos a fin de que las empresas de transporte público realicen el día de las elecciones un servicio de transporte gratuito de personas con la suficiente frecuencia y recorrido hasta los locales de votación.

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