Nenecho encabeza lista de intendentes que incumplieron ley sobre DD.JJ.

El recientemente reeleco intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, es uno de los 75 intendentes que no cumplieron con su obligación constitucional de presentar declaración jurada de bienes al salir del cargo de jefe comunal. La Contraloría General de la República abrirá sumario a los funcionarios públicos.

Oscar "Nenecho" Rodríguez, cartista reelecto para la intendencia de Asunción, incumplió la Constitución.
Oscar "Nenecho" Rodríguez, cartista reelecto para la intendencia de Asunción, incumplió la Constitución.DIEGO PERALBO

Un total de 75 jefes comunales incumplieron con la obligación constitucional de presentar declaración jurada de bienes y renta en los 15 días posteriores a su salida al cargo. Así lo revela un informe de la Contraloría General de la República al que tuvo acceso ABC Color.

La lista está encabezada por Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez, más conocido como “Nenecho”, el colorado cartista reelecto recientemente como intendente de Asunción. El jefe comunal capitalino es centro de críticas por los compras supuestamente sobrefacturadas con fondos de emergencia durante el año pasado, materia sobre la que su sucesor en el cargo se negó a informar a la ciudadanía hasta que una orden judicial ordenó entregar el detalle del gasto.

Millonario crecimiento patrimonial de Nenecho

La pareja conformada por Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez y Regina Lizarella Valiente es una de las tantas que dejaron del lado el modesto pasar desde que llegaron a la función pública.

El intendente de Asunción y la funcionaria de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) empezaron con un modesto pasar, de acuerdo a lo que ambos incluyeron en las Declaraciones Juradas de Bienes y Renta presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).

El cartista ingresó en la función pública ya a principios de 2000. En 2004 presentó una manifestación de bienes en la que declaró poseer básicamente nada.

De puño y letra, Rodríguez declaró tener “apenas” G. 5.000.000 en efectivo. No había inmuebles, vehículos ni siquiera una cuenta bancaria. Así consta en los documentos publicados por la CGR.

En 2015, Rodríguez Quiñónez declaró no poseer inmueble, vehículo ni cuenta bancaria alguna. En concreto, no declaró ni la cuenta en la que le depositaban su sueldo de concejal municipal.

Su único activo era una cuenta a cobrar a un hombre identificado como Julio Godoy por valor de G. 50 millones.

El actual intendente volvió a presentar una manifestación de bienes en 2020. Para ese entonces la cosa había cambiado.

De no poseer ni un solo vehículo, el cartista Rodríguez declaró ser propietario de dos automóviles y una camioneta. Además, declaró ser propietario de un inmueble en la ciudad de Capiatá. Curiosamente cinco años después seguía sin cobrar los G. 50 millones que tenía pendientes desde 2015.

Por su parte, Regina Lizarella Valiente, pareja del jefe comunal, presentó una sola declaración jurada ante la CGR. Fue en 2014. En ese entonces declaró tener patrimonio negativo de G. 7.000.000 (ver facsímil).

Rodríguez y Valiente vivían hasta hace poco más de un año en departamento alquilado y ubicado sobre la avenida Primer Presidente.

De vivir en un departamento alquilado se mudaron a una coqueta residencia en Lambaré. La casa está ubicada en el número 368 de la calle Itaipú casi Felicidad de Lambaré.

Y ahora, el cartista incumplió la Constitución Nacional y no presentó su declaración jurada.

Miguel Prieto tampoco cumplió con la ley

Miguel Prieto, recientemente reeleecto como intendente de Ciudad del Este, es otro de los que incumplió con la obligación constitucional de presentar su declaración jurada de bienes al salir del cargo.

De un total de 133 jefes comunales que abandonaron sus cargos con fines electorales, solo 58 cumplieron con la presentación de las manifestaciones de bienes y 75 violaron la obligación de orden constitucional. Ante esta situación, la Contraloría General decidió la apertura de un sumario.

Millonaria multa por no presentar DD.JJ.

La presentación de las manifestaciones de bienes es una obligación establecida en el artículo 104 de Constitución Nacional y reglamentada por la Ley 5033. Precisamente, el artículo 16 de la señala legislación establece las sanciones.

En concreto, expresa lo siguiente: “El contralor general de la República, por resolución fundada, sancionará a los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos que: 1) No presentaren su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos dentro del término legal”.

En el caso previsto en el numeral 1), se aplicará una multa de 300 (trescientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas, cesantía, según el caso, e inhabilitación para ocupar cargos públicos sean como nombrados o contratados y de ser electos en elección popular por el término de 10 (diez) años.