Corrupción: Paraguay avanzó en leyes, pero sigue aplazado por incumplimiento e impunidad

Observatorio Ciudadano de Corrupción, integrado por una serie de organizaciones civiles de nuestro país, presentó un informe sobre el seguimiento a los avances en la lucha contra la corrupción. Como aspecto positivo, reconocen que a nivel normativo se hicieron varias adecuaciones, sobre todo en cuanto a control del financiamiento político, aunque la iniciativa se dio de cara a evaluaciones internacionales y no por iniciativa propia. También remarcan que fuera de la elaboración de nuevas leyes, la corrupción sigue siendo alentada sobre todo por la impunidad.

Marta Ferrara y Maria José Durán, responsables del estudio. de
Marta Ferrara y Maria José Durán, responsables del estudio. deFoto Gentileza

“La alta tasa de impunidad, el bajo número de condenas y la falta de independencia del Poder Judicial son obstáculos muy destacables que cabe resaltar, para que esta agenda anticorrupción no pueda ser implementada de manera eficaz y lo que implica también que los índices de corrupción se mantengan prácticamente inalterables”, citó María José Durán, una de las responsables del informe.

El análisis fue elaborado con base a las normativas de la Cumbre de Lima, donde se reunieron una serie de organizaciones no gubernamentales para establecer compromisos de los países de la región para luchar contra la corrupción. El proyecto también cuenta con el respaldo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

“Paraguay ha obtenido un buen porcentaje en cuanto a la adecuación normativa, sin embargo cabe rescatar que en cuanto a la aplicación de la norma y la práctica todavía se evidencian muchos obstáculos para la implementación efectiva de una agenda anticorrupción”, insistió Durán en base al análisis que realizaron.

Si bien reconocen que en cuanto a leyes, se avanzó, sobre todo en el control del financiamiento político y también la legislación sobre Contrataciones Públicas es una de las más modernas en la región, indican que tampoco son perfectas.

“Paraguay tiene una de las legislaciones sobre Contrataciones Públicas más modernas, sin embargo la falta de unas cláusulas anticorrupción incorporadas en la Legislación, la hacen mayormente susceptibles a hechos de corrupción y esto se ha visto también en el periodo de la pandemia donde se han visto casos muy emblemáticos de corrupción en las licitaciones públicas”, agregó Durán.

Casos graves

En esta pandemia en nuestro país saltaron graves casos de presuntos negociados que salpicaron a miembros del gobierno, como el caso del agua tónica, por el cual está procesada la extitular de Petropar, Patricia Samudio, así como el presunto negociado con tapabocas y otros insumos en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), a cargo entonces de Édgar “Beto” Melgarejo.

Recientemente también saltó el caso del intendente reelecto de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez (ANR, cartista), que pese a los indicios serios de presuntas irregularidades ni Contraloría ni la Fiscalía han tomado intervención concreta aún. “Es de destacar el gran avance normativo en la agenda anticorrupción y el tema de lavado de dinero y crimen organizado, sin embargo es interesante resaltar que las adecuaciones normativas es a la puerta de evaluaciones internacionales como las de la Convención de Naciones Unidas”, apuntaron.

Marta Ferrara, representante de Semillas para la Democracia, responsable local del proyecto, destacó que se contó con la participación de otras siete ONG reconocidas de nuestro país.

Entre los puntos más bajos detectados citaron se destaca por ejemplo la falta de iniciativa para “impulsar medidas legislativas para tipificar penalmente los actos

de corrupción” y también en clausular en referente a la licitaciones públicas. También consideran aún escasas las iniciativas para “promover la equidad e igual de género en políticas anticorrupción” al igual que “para incluir a diversos grupos en situación de vulnerabilidad”.

Los puntos evaluados se dividieron en cinco ejes principales: 1. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, 2. transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, 3. financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, 4. prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas y 5. cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

DD.JJ. deben ser públicas, insisten

La iniciativa también plantea una serie de recomendaciones para un mejor combate a la corrupción.

“Es necesario establecer mediante la legislación que las publicación de las declaraciones juradas sea obligatoria en todo momento”, mencionó entre otros puntos Andrés Bartrina, otro integrante del proyecto.

Actualmente, solamente por vía judicial se logró conocer algunas declaraciones juradas (DD.JJ.). También insistieron en la concreción del Plan Nacional de Integridad que promueve Secretaría Nacional Anticorrupción.

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